Esta modificación se hizo a través del Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
El nuevo decreto reemplaza el artículo 1° del Decreto 617/2025, que ya había prorrogado de manera parcial, hasta el 1° de agosto de 2026, los aumentos pendientes derivados de las actualizaciones correspondientes a los años 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con la normativa, estos montos se ajustan trimestralmente según el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. El texto del decreto detalla que, progresivamente, varias normativas han ido postergando los efectos de estas actualizaciones para los combustibles, evitando su traslado inmediato al consumidor.
Por lo tanto, en agosto de 2026, el Poder Ejecutivo ha decidido aplicar únicamente una parte de la actualización, estableciendo incrementos impositivos de $ 10.572 para las naftas y $ 9.511 para el gasoil.
El propósito de esta medida es mitigar la presión inflacionaria y aliviar el impacto de la subida de impuestos al combustible en la economía de los consumidores.
El nuevo decreto incluye un inciso que detalla las subas que se implementarán en agosto de 2026. Según lo estipulado, “para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de julio”, el impuesto sobre los combustibles líquidos incrementará $ 21.192 para las naftas y $ 18.959 para el gasoil.
Para el gasoil, además, se establece un tratamiento diferencial de $ 5.150, aplicable a las provincias patagónicas y otras áreas con menor densidad poblacional, conforme al artículo 7°, inciso d.
En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, se prevé un aumento de $0.648 para naftas y $ 1.048 para gasoil. Los restantes incrementos pendientes —correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026— comenzarán a aplicarse a partir del 1° de septiembre.
El decreto determina que este aumento total “ surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de septiembre de 2026, inclusive”.
Esta decisión responde a la intención de mantener el crecimiento económico, y la postergación de los aumentos se justifica en el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
La estrategia implementada por el Gobierno durante los últimos meses con la finalidad de diferir los aumentos a los impuestos sobre los combustibles y disminuir su efecto en la inflación ha tenido implicaciones significativas en las cuentas del Estado, que ha resignado ingresos fiscales por más de u$s 2.100 millones entre enero y noviembre de 2025.
A pesar de los aumentos aprobados durante la gestión actual, la carga tributaria indirecta sobre las naftas sigue siendo un 34% inferior a la de 2018, lo que se traduce en una reducción real del 47% en el impuesto en comparación a marzo de ese año.
El retraso acumulado en los incrementos se produjo principalmente durante los últimos dos años de la administración de Alberto Fernández, quien había mantenido los tributos congelados para evitar su repercusión en el Índice de Precios al Consumidor.
La actual administración ha transitado de un primer intento de normalización a una política de ajustes mensuales limitados, priorizando la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación frente a objetivos inmediatos de recaudación.
Según análisis privados, esta estrategia de postergación ha permitido que, en términos reales, llenar un tanque de combustible cueste actualmente un 7,8% menos que el promedio del periodo anterior. Sin embargo, el Gobierno enfrenta el reto de equilibrar este “sacrificio fiscal” con la necesidad de sostener un camino fiscal sostenible en un contexto donde las ventas de combustibles han mostrado caídas interanuales de hasta el 8,8%.
