Este manifiesto, respaldado por países como Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, se produjo tras más de siete semanas de protestas y cortes de rutas que paralizaron el país, lo que llevó al presidente Rodrigo Paz Pereira a declarar un Estado de excepción nacional.
Los puntos centrales de esta declaración condenan la limitación al acceso de la población a bienes esenciales como alimentos, combustibles y suministros médicos. Además, muestran preocupación por las acciones colectivas que buscan debilitar el Estado de derecho y desestabilizar al gobierno elegido democráticamente.
Asimismo, se destaca que solo las manifestaciones pacíficas contarán con protección plena y se excluyen de manera explícita los actos de violencia. También se exige a las organizaciones y sectores que protestaron que, de forma inmediata, permitan la creación de corredores humanitarios para ambulancias y personal de salud.
Por último, se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a dejar de lado la confrontación y a establecer mecanismos institucionales de diálogo para la negociación.
Este comunicado fue publicado simultáneamente con el primer día sin bloqueos reportado por la Administradora Boliviana de Carreteras, tras la intervención de militares y policías que liberaron las rutas y la disposición de los sectores en conflicto de establecer cuartos intermedios.
