El encuentro, titulado Entornos alimentarios saludables para niños, niñas y adolescentes, fue inaugurado por Rafael Ramírez, representante de UNICEF Argentina, quien señaló que el detonante fue el proyecto de ley que busca derogar la legislación vigente sobre etiquetado. Buscando generar concienciación, Ramírez destacó la importancia de ser conscientes de los efectos de esta decisión.
Se analizó el impacto de la ley, que exige a los productores de alimentos y bebidas envasadas incluir octógonos negros en sus empaques para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Desde UNICEF se sostiene que “cualquier revisión del marco normativo nacional en materia alimentaria y nutricional debería asegurar que las herramientas que promueven una alimentación saludable se mantengan y fortalezcan”.
Mauro Brero, asesor Senior en Nutrición de UNICEF, ofreció un panorama preocupante: el año 2025 será recordado como un hito, ya que habrá más niños con obesidad que con bajo peso a nivel global. Este dato resalta la relevancia de la ley que se propone derogar, orientada a prevenir la malnutrición infantil.
Brero destacó que entre 2000 y 2025 el número de niños obesos a nivel mundial se ha triplicado, enfatizando que los principales factores detrás de la malnutrición son la abundancia de productos no saludables y la comunicación ineficiente. En relación a esto, mencionó que no siempre es sencillo interpretar la información que brindan los envases y que existe una amplia publicidad fomentando hábitos no saludables.
La ley argentina aborda ambos problemas al exigir advertencias en los envases y prohibir el uso de personajes infantiles o promesas de premios en productos que portan estos octógonos. Además, Brero se refirió a un estudio de México que indica que si bien los alimentos nocivos son beneficiosos para la industria, estos representan un costo significativo para el estado: un niño con obesidad puede costar al gobierno hasta 200.000 dólares a lo largo de su vida.
Ante esto, enfatizó que “se necesitan leyes para proteger la buena alimentación” y enumeró las prioridades de UNICEF: etiquetado de advertencia, regulación de entornos escolares, políticas fiscales y control del marketing, entre otros.
Brero también mencionó la presión que ejerce la industria alimentaria sobre las políticas públicas, advirtiendo que estas interferencias habitualmente obstaculizan o retroceden las normativas implementadas en varios países. “UNICEF trabaja para que la industria no interfiera en políticas públicas”, concluyó Brero, refiriéndose al conflicto de intereses que suele surgir en estos casos.
Desde la Casa Rosada, se admitió que el impulso del proyecto está influenciado en gran parte por presiones de la industria alimenticia, que ha mostrado un constante rechazo hacia la medida. A pesar de esto, el proyecto enfrenta dificultades en el Senado, donde el oficialismo prioriza otras reformas, como la política electoral.
“Cualquier ley puede ser perfeccionada, pero no apoyamos la derogación”, expresó Gabriela Pacheco, representante de la Sociedad Argentina de Nutrición, señalando que existen áreas de la ley que son susceptibles de mejora, como el fortalecimiento de la educación alimentaria y nutricional, que ya está mencionado en la normativa vigente. Pacheco también propuso que la implementación de la ley no debería limitarse al ámbito escolar, sino que debería abarcar lugares de esparcimiento infantil como clubes.
En líneas similares, María Araujo, representante de la Sociedad Argentina de Pediatría, resaltó la utilidad del etiquetado como herramienta para las familias, aunque coincidió con Pacheco en la necesidad de reforzar la educación alimentaria y nutricional. Araujo también indicó que el éxito de la ley depende de la regulación y el control de su cumplimiento, aclarando que en muchas provincias no se está respetando la normativa en los kioscos ubicados en las escuelas.
En este sentido, desde UNICEF y otros especialistas han manifestado su rechazo al proyecto libertario que parece alinearse con la “batalla cultural” que Milei menciona desde su llegada a la presidencia.
Chile fue pionero en la región al implementar el etiquetado frontal de alimentos hace diez años. Desde entonces, varios países, incluídos Argentina, han seguido su ejemplo, como Uruguay, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Perú.
Camila Corvalán, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, fue invitada a exponer sobre los resultados de la ley chilena. Al iniciar su intervención, subrayó que antes de la sanción de la ley, se llevaron a cabo varias estrategias de modificación de conductas que no resultaron efectivas. Esto llevó a la implementación de la ley, la cual ha mostrado un impacto positivo tras diez años, siendo reconocida tanto a nivel nacional como internacional.
Corvalán observó que la ley ha incentivado cambios en el comportamiento de productores y consumidores, evidenciado por una notable disminución de sodio y azúcar en los productos, así como una tendencia hacia la adquisición de alimentos más saludables. “Ha habido una disminución en el consumo de nutrientes” destacó.
Asimismo, la investigadora mencionó que la ley se instituyó bajo un gobierno de derecha, durante la gestión del fallecido presidente Sebastián Piñera, lo que refuerza que el objetivo de la salud pública prevaleció.
Según datos de UNICEF, Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a la prevalencia de exceso de peso en niños menores de cinco años.
Además, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 revela que el 41,1% de la población de entre 5 y 17 años en Argentina presenta sobrepeso. En la primera infancia, una investigación de UNICEF y Cesni en 2024 mostró que casi el 50% de los niños y niñas de 6 a 23 meses ingirió alimentos o bebidas azucaradas no saludables el día anterior, porcentaje que supera el 60% en sectores con menor nivel socioeconómico.
En adolescencia, el informe Alimentos ultraprocesados e infancia (UNICEF, 2025) señala que 8 de cada 10 adolescentes consumieron alimentos o bebidas azucaradas en el día anterior, mientras que el 40% ingirió productos ultraprocesados salados.
