La sanción consolidada, impuesta por la jueza en lo Penal María Araceli Martínez, integra la condena anterior de dos años y seis meses dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2, abarcando ambos incidentes en una única resolución.
No obstante, esta determinación se produce en un contexto complicado: solo seis horas antes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había convocado al hacker confeso para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal contra jueces, camaristas y funcionarios, lo que podría incrementar significativamente las imputaciones en su contra.
El entrelazamiento de ambos casos no fue fortuito. Para proseguir con el juicio abreviado, el Juzgado porteño envió un correo electrónico al fuero federal el viernes, pidiendo la certificación del estado de su causa, con el objetivo de formalizar el acuerdo. Esta consulta generó preocupación en Comodoro Py: Martínez de Giorgi respondió con nuevas citaciones a indagatoria y recordó explícitamente a su colega porteña que el caso principal seguía en curso y que cualquier decisión que pudiese influir en ese proceso requería una cuidadosa consideración.
A pesar de ello, esta mañana la jueza Martínez aprobó el acuerdo negociado entre la fiscalía y los abogados de Núñes Pinheiro, Marcos Kapko y Sebastián Noguera. En el mismo, el hacker de Misiones admitió los hechos y aceptó la pena consolidada de tres años en suspenso, a cambio de cumplir con ciertas reglas de conducta, que incluyen llevar a cabo 150 horas de tareas comunitarias no remuneradas.
Los ataques a D’Alessandro y Santilli fueron llevados a cabo mediante la técnica de sim swapping, una estrategia que permite tomar el control de una línea telefónica mediante la emisión fraudulenta de una tarjeta SIM nueva. Para ello, Núñes Pinheiro accedió previamente a datos sensibles de sus víctimas —incluido el número de trámite del DNI— a través de consultas ilegales al RENAPER y a Nosis, así como mediante el uso de Dark PFA, un sitio de la deep web que le permitía obtener líneas telefónicas y datos personales de diversos objetivos.
Con esta información, Núñes Pinheiro logró acceder al contenido completo del teléfono de Santilli —correos, contactos y aplicaciones— el 14 de octubre de 2022. Cinco días después, repitió la técnica con el teléfono de D’Alessandro, accediendo a sus cuentas de WhatsApp y Telegram. La investigación también demostró que el hacker destruyó el dispositivo utilizado para llevar a cabo los ataques, lo que llevó a una imputación adicional por destrucción de medios de prueba.
Sin embargo, ambos hackeos formarían parte de una maniobra más amplia de inteligencia ilegal que la Justicia federal está intentando esclarecer. Esta indagación abarca ataques similares dirigidos a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, así como a los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y a los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad.
Dentro de este expediente, además de Núñes Pinheiro, se investiga a un expolicía y agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ariel Zanchetta, y a Tomás Patricio Hválica, señalado como el creador de Dark PFA, el sitio que Núñes Pinheiro utilizaba para obtener los datos necesarios antes de cada ataque. Las indagatorias de estos implicados están programadas para el 17, 19 y 24 de junio, respectivamente, y se llevarán a cabo por videoconferencia.
En este sentido, mientras el caso parece alcanzar un cierre en la Justicia porteña con la imposición de una pena en suspenso, el escenario más complejo para el hacker de Misiones continúa abierto en Comodoro Py, donde se investiga si los ataques formaron parte de una estructura organizada de inteligencia ilegal.
