La medida introduce un cambio significativo en la organización del sector, exigiendo que todas las sociedades con participación estatal se adhieran a un estándar institucional cohesivo, eliminando así las diferencias ad hoc entre distintas entidades y alineando sus operaciones con prácticas reconocidas a nivel internacional en gobierno corporativo.
El expediente EX-2026-27066462-APN-SIGEN formaliza este enfoque, que se convertirá en un modelo de referencia obligatoria para cada empresa estatal. Desde la SIGEN, nos explican que el nuevo modelo implementa el mecanismo de “cumplir o explicar”: cada entidad deberá adoptar un código societario adaptado a sus particularidades, basado en el modelo propuesto, y deberá justificar cualquier recomendación que opte por no seguir. Esto implica un registro documental que garantiza un seguimiento institucional efectivo.
La implementación del modelo modifica la rendición de cuentas. Además de fomentar la transparencia, obliga a las entidades a proporcionar explicaciones para cualquier desvío de las normas establecidas.
Con la nueva normativa, la SIGEN redefine la gobernanza del sector público e introduce estándares internacionales de control. El Código de Gobierno Societario estructurado por la SIGEN establece una nueva arquitectura normativa, basada en principios, recomendaciones y guías específicas para la dirección estratégica y supervisión de todas las empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA y AR-SAT, entre otras.
Entre los aspectos destacados, se refuerza el papel de los directorios, quienes deberán participar activamente en la definición de estrategias, el control de la gestión y la responsabilización por los resultados obtenidos. Este cambio representa un punto de inflexión: los directorios ahora asumirán la función de dirigir en lugar de solo gestionar, algo que ya se observa en organismos ministeriales.
El documento de la SIGEN aclara los límites de su aplicación, excluyendo aquellas entidades que están bajo regímenes regulatorios específicos, lo que previene la duplicidad normativa y fortalece la coherencia del sistema institucional.
Adicionalmente, el modelo promueve mecanismos que aseguran la integridad y la ética en la toma de decisiones, implementando canales de denuncia y normas internas claras, fundamentales para ordenar la cultura organizacional y aumentar la confianza del público.
Asimismo, la nueva normativa reestructura cómo se toman decisiones en las empresas estatales. Su finalidad es abandonar la improvisación y anticipar problemas mediante una gestión planificada que haga uso sistemático de la información, tal como se detalla desde la SIGEN.
Bajo estos nuevos fundamentos, el control estatal se convierte en un componente esencial para elevar la gobernanza, y no simplemente un requisito administrativo.
