El legislador Leandro Santoro fue el impulsor de este proyecto de ley, que logró ser aprobado con aprobación unánime, recibiendo el respaldo del oficialismo y de bloques aliados. La normativa deberá ser reglamentada dentro de los próximos 30 días para su implementación formal. Una vez que se definan los detalles específicos, el banco público porteño habilitará el acceso al programa.
Esta no es la primera iniciativa de este tipo adoptada por una administración pública para mitigar el problema de la morosidad crediticia en los hogares. Anteriormente, la provincia de Santa Fe había lanzado un plan similar para trabajadores del sector público y privado, y el Banco Nación ofreció opciones para la refinanciación de deudas. Asimismo, los bancos provinciales de Buenos Aires y Córdoba también implementaron bonos para empleados públicos.
Quienes deseen beneficiarse del programa deberán tener deudas generadas por tarjetas de crédito o préstamos personales, excluyendo a las billeteras virtuales, y estar registrados en la Central de Deudores del Banco Central con atrasos de entre 60 y 180 días. Aunque la versión inicial del proyecto incluía a quienes se encontraban en la categoría 4 (entre 181 y 365 días de atraso), la versión final excluyó a esta categoría.
Los deudores considerados “irrecuperables”, es decir, aquellos con más de un año de atraso, tampoco podrán acceder al programa, dado que generalmente estas carteras son vendidas por las entidades financieras a estudios jurídicos para su cobro judicial. Para los clientes del banco público, será posible refinanciar deudas tanto con esta entidad como con bancos privados, mientras que aquellos que sólo cuenten con deudas en entidades privadas deberán esperar que estas se adhieran al programa. La ley contempla un incentivo fiscal del 50% en el impuesto sobre los ingresos brutos para reducir los intereses de los préstamos.
Los solicitantes tendrán que demostrar que sus ingresos familiares son menores a diez salarios mínimos, limitándose actualmente a 3,6 millones de pesos mensuales, cifra que se actualizará a 3,7 millones desde julio. Además, el monto de las cuotas no deberá superar el 30% de los ingresos familiares, estableciendo que, con el ingreso máximo permitido desde julio, la deuda acumulada no puede ser superior a 1,1 millones de pesos.
Los nuevos créditos estarán destinados exclusivamente a la cancelación o refinanciación de deudas en entidades autorizadas por el Banco Central, con un límite de tasa nominal anual fija del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. No obstante, las instituciones financieras podrán ofrecer mejores condiciones.
La iniciativa también incluye restricciones para quienes posean más de un inmueble, vehículos recientes (salvo si son utilizados para actividades laborales), embarcaciones o aeronaves, así como aquellos que tengan activos financieros que superen el monto de la deuda. Las personas que compraron divisas durante el tiempo de impagos tampoco podrán participar del programa.
Asimismo, se prevé una línea especial para emprendedores y trabajadores no registrados que tengan deudas con Ciudad Microempresas y presenten atrasos entre 60 y 180 días. Las entidades adheridas disfrutarán de una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los préstamos otorgados bajo este programa. Los potenciales beneficiarios tendrán 60 días desde el lanzamiento del plan para solicitar los créditos, mientras que la reglamentación correspondiente deberá emitirse en un plazo de 30 días después de la promulgación de la ley.
Un reciente estudio de consultoría indicó que, aunque la proporción de morosos en el norte de Argentina es significativamente mayor (alcanzando el 35% en La Rioja), la Ciudad de Buenos Aires presenta un porcentaje de 16,1%. Sin embargo, se destaca que el distrito cuenta con una de las deudas medianas más elevadas del país, siendo Tierra del Fuego la provincia con la mayor deuda media (1,1 millones de pesos), seguida de Neuquén ($842.000), Santa Cruz ($819.000) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000).
