El oficialismo busca retomar en el Senado el debate sobre la reforma electoral, que había quedado en pausa. Si bien uno de los principales objetivos es eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la iniciativa también contempla modificaciones en los requisitos para obtener y conservar el reconocimiento partidario.
Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anticipó que entre las prioridades del oficialismo se encuentra también el objetivo de “terminar con los partidos truchos”. Para ello, el proyecto eleva las condiciones necesarias para que las agrupaciones puedan contar con personería jurídica y competir en elecciones.
De acuerdo con los criterios establecidos en la iniciativa y los datos de la Cámara Nacional Electoral, si el proyecto fuera sancionado, LLA perdería su reconocimiento como partido nacional y no podría presentar una fórmula presidencial. También dejaría de contar con personería distrital en una gran cantidad de provincias.
La fuerza que conduce Karina Milei tiene actualmente reconocimiento partidario en los 24 distritos del país. Ese proceso fue impulsado, entre otros dirigentes, por Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
Con las nuevas exigencias, LLA conservaría inicialmente su personería en Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego. Sin embargo, la agrupación cuenta con un número de afiliados que le permitiría cumplir con el nuevo requisito nacional: registra 88.304 afiliados, por encima del mínimo que establece el proyecto.
La reforma eleva del 0,4% al 0,5% del padrón el porcentaje de afiliados necesario para obtener el reconocimiento distrital. También aumenta de cinco a diez la cantidad mínima de provincias en las que un partido debe contar con personería para alcanzar el reconocimiento nacional.
A esto se suma un nuevo requisito: las agrupaciones deberán contar con afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional. Según los números contemplados en el proyecto, esa cifra representa 36.035 afiliados.
Los partidos tendrían tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las nuevas condiciones. Por lo tanto, las exigencias podrían tener impacto sobre las elecciones del próximo año.
El escenario también alcanzaría a otras fuerzas políticas. El Frente Renovador, Patria Grande, Hacemos, la Coalición Cívica, el GEN, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Socialista perderían el reconocimiento nacional y quedarían sin personería en una parte importante de los distritos.
Entre las fuerzas que cumplen con el mínimo de afiliados nacionales, pero igualmente podrían verse afectadas por la pérdida de reconocimiento en distintas provincias, se encuentran el Frente Renovador, la Coalición Cívica, el MID y el Partido Socialista.
En otros casos, el impacto sería mayor. Patria Grande, Hacemos, el GEN y algunos partidos integrantes del Frente de Izquierda no solo perderían la habilitación distrital en varias provincias, sino que tampoco alcanzarían el mínimo de afiliados requerido a nivel nacional.
El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y Pro aparecen, en cambio, en una situación diferente. Las tres fuerzas conservarían el reconocimiento nacional y cumplirían con los requisitos para presentar una fórmula presidencial.
El PJ cuenta con 3.021.197 afiliados y la UCR con 1.719.325, cifras que superan ampliamente el piso establecido por la reforma. Pro, por su parte, posee 170.989 afiliados y mantendría su reconocimiento nacional, aunque perdería personería en algunas provincias y quedaría habilitado en 15 distritos.
Para LLA, una de las alternativas para enfrentar el nuevo escenario sería ampliar su cantidad de afiliados en las provincias donde actualmente no alcanzaría los requisitos. La posibilidad de realizar afiliaciones de manera digital también podría facilitar ese proceso y permitir a las distintas fuerzas afectadas recomponer su presencia territorial.
Otra de las opciones analizadas es la posibilidad de avanzar en fusiones entre partidos para cumplir con las nuevas exigencias.
El proyecto establece además que, si una agrupación no logra adecuarse a los requisitos antes del 30 de junio de 2027, no se producirá una caducidad automática. En ese caso, se iniciaría un proceso judicial, lo que podría demorar los efectos concretos de la reforma sobre la participación electoral de las fuerzas involucradas.
Desde el Gobierno consideran que la situación no representa un problema inmediato y sostienen que todavía existe margen para avanzar en la incorporación de afiliados. En caso de ser necesario, también contemplan desarrollar campañas de afiliación para cumplir con las nuevas condiciones.
De esta manera, el proyecto de reforma política modificaría de manera significativa las condiciones para conservar la personería partidaria y podría alterar el mapa de fuerzas habilitadas para competir en las elecciones de 2027. En el caso de La Libertad Avanza, el desafío principal será sostener su presencia territorial suficiente para conservar el reconocimiento nacional.
