La postergación fue solicitada al comienzo de la sesión por Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien explicó que la decisión se tomaba debido a la presentación de una adenda al acuerdo con los fondos que reclamaban la deuda.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, comunicó los cambios propuestos en el acuerdo pocos minutos antes del inicio de la sesión. Se trata de un añadido al convenio existente con Attestor Master Value y Bainbridge Fund, lo que llevó a decidir que el proyecto regresara a comisión para un nuevo análisis.
“Esto es bastante desprolijo; otra vez el Gobierno enviando algo a último momento; por eso decidimos que vuelva a comisión”, comentó un senador oficialista.
Aunque no se han revelado los detalles específicos de los cambios introducidos por la cartera de Hacienda, el tiempo es limitado ya que el proyecto debe ser debatido en ambas cámaras del Congreso antes del 31 de mayo.
En la sesión del día de hoy, que comenzó con quórum gracias al oficialismo y a algunos bloques de diálogo, se prevé otorgar un nuevo mandato de cinco años a Carlos Mahiques, vocal de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
A punto de cumplir 75 años, edad límite para el retiro de jueces según la Constitución Nacional, el magistrado tiene asegurados los votos necesarios para continuar en su cargo hasta noviembre de 2031.
La extensión del mandato de Mahiques podría convertirse en uno de los puntos de tensión de la sesión, ya que está bajo la mira del kirchnerismo, que lo critica por su supuesta participación en la “guerra judicial” (lawfare) contra la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por delitos de corrupción.
Mahiques ha sido cuestionado debido a su nombramiento en la Cámara de Casación por un decreto del expresidente Mauricio Macri, lo que lo desplazó de un juzgado federal al que había sido seleccionado y había recibido la aprobación del Senado. Posteriormente, logró el acuerdo del Senado para su actual tribunal.
Además, ha sido parte de un grupo de jueces y funcionarios judiciales acusados de dádivas por haber participado en un viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, financiado por un conglomerado económico.
Más recientemente, estuvo en el centro de atención por haber celebrado su cumpleaños en una finca en Pilar que se sospecha pertenece a Pablo Toviggino, un cercano colaborador del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y que está registrada a nombre de testaferros.
El único proyecto destinado a convertirse en ley el día de hoy es la aprobación del programa de regularización de la tenencia.
