La solicitud fue realizada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, responsable del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza (UFM), quien consideró que la investigación -que se extendió durante más de dos años y culminó con el secuestro de 36 armas, 32 cargadores y más de 2.000 municiones de distintos calibres- había reunido la evidencia necesaria para avanzar con este procedimiento legal.
La acusación indica que el grupo operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, y estaba compuesto por ciudadanos tanto argentinos como chilenos. Según la investigación, se identificaron a dos líderes en Chile que determinaban el origen de las armas y los itinerarios. Otros colaboradores se encargaban de coordinar la logística en territorio argentino, lo que incluía el transporte y el cruce clandestino de las armas hacia el país vecino.
El circuito de contrabando comenzó con viajes a Brasil para adquirir el armamento; luego, este material era ingresado de forma irregular a Argentina —en la provincia de Buenos Aires— y transportado hacia Mendoza, donde se preparaba para ser cruzado por el Paso Internacional Cristo Redentor, oculto en las cabinas de camiones de carga internacional.
Uno de los episodios destacados ocurrió en abril de 2022 cuando la Gendarmería Nacional interceptó, en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de La Paz, a un implicado que viajaba en un autobús de larga distancia con once armas y 18 cargadores ocultos en su equipaje. El análisis de su teléfono permitió rastrear comunicaciones con otros miembros de la organización y ubicar un viaje previo a la frontera con Brasil para adquirir el armamento.
Dos semanas después, un camionero fue detenido en Uspallata mientras transportaba hacia Chile once armas, siete cargadores y más de 2.000 municiones ocultas en la cabina de su vehículo, que aparentemente llevaba azúcar como carga legítima. Un tercer caso se registró a finales del mismo año, cuando dos chilenos fueron interceptados en la Ruta Nacional 38, en Tucumán, con ocho pistolas y cinco cargadores escondidos entre su ropa y equipaje en un autobús de pasajeros.
Además, se hallaron dosis de cocaína y marihuana, balanzas y registros de ventas en diversos domicilios del departamento mendocino de Maipú. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), algunos miembros de la organización utilizaban la misma infraestructura destinada al tráfico de armas para la comercialización de drogas. Por ello, varios de los acusados también enfrentan cargos por violaciones a la ley de estupefacientes, además de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegal de armas.
La evidencia recolectada incluye escuchas telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros y vigilancia, además de colaboración internacional con Chile. El fiscal Alcaraz señaló que esta información ha permitido “develar la estructura y organigrama del grupo criminal” e identificar el grado de participación de cada uno de los imputados. La red operaba mediante transferencias de dinero entre ambos países para financiar viajes, compras de armamento y traslados.
El operativo más significativo se llevó a cabo el 23 de mayo de 2024, con allanamientos simultáneos en más de 30 domicilios en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile, coordinados junto al fiscal chileno Ricardo Reinoso Varas, de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En esos procedimientos intervinieron la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, logrando el secuestro de armas, teléfonos, documentación y otros elementos relevantes para la causa.
Este caso también ha abarcado investigaciones paralelas de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Mángano, así como de la fiscalía federal de Tucumán, liderada por el fiscal Agustín Chit. Los 34 acusados enfrentan actualmente prisión preventiva en diferentes modalidades mientras se espera la fijación de la fecha de inicio del juicio.
