El 26 de junio de 1987, hace ya 39 años, tres destinatarios recibieron sobres idénticos que contenían la misma carta y un recorte distinto que, efectivamente, pertenecía a un poema. Las cartas fueron enviadas al entonces presidente del Partido Justicialista, Carlos Grosso; al secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, fallecido en 2006; y al senador Vicente Leonides Saadi, quien murió en 1988. Horas más tarde, al unir los tres fragmentos de papel, se podían leer versos que evocaban recuerdos de un amor perdido: “Te acuerdas, Juan, / cuando tomados de la mano / recorríamos el jardín / y vos me arrancabas una flor / como prueba de tu amor (…)”.
Este era el poema que María Estela Martínez de Perón había colocado con esmero sobre el ataúd del general en julio de 1974, durante su entierro en la cripta de la residencia presidencial de Olivos.
Sin embargo, la carta que acompañaba el recorte contradecía de forma brutal la ternura del poema. Redactada a máquina, contenía un aviso escalofriante: “Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el Teniente General Juan Domingo Perón (…)”. Los remitentes solicitaban la exorbitante suma de ocho millones de dólares a cambio de devolver los restos embalsamados de Perón, utilizando el poema de su viuda como prueba de su horrible profanación.
La carta contenía una mezcla de sarcasmo, atrevimiento, insultos y burlas. Se refería a la tumba de Perón como “un exnicho blindado” y presentaba errores ortográficos infantiles, lo que parecía sugerir una intención de humillación y la certeza de una impunidad escandalosa. Su firma, críptica, planteaba un dilema a los investigadores: “Hermes Iai y los 13”.
De este modo, comenzó un enigma que ha permanecido casi cuatro décadas sin solución. Las preguntas son muchas y perturbadoras: ¿quiénes profanaron la tumba de Perón en el Cementerio de la Chacarita? ¿Quiénes violentaron la bóveda familiar y abrieron el ataúd? ¿Quiénes cortaron las manos embalsamadas del tres veces presidente? ¿Quiénes se llevaron su sable y el poema que su tercera esposa había dejado sobre el féretro? Las indagaciones se perdieron en los polvorientos expedientes judiciales que permanecieron sin respuestas, mientras el caso parecía deslizarse hacia el olvido.
Tres días después de la amenaza, el 29 de junio, Roberto García, sobrino de Perón, visitó la bóveda familiar debido a rumores de una posible profanación y encontró una claraboya rota, aunque el ataúd parecía intacto. Sin embargo, el sable y la gorra de teniente general de Perón habían desaparecido. García denunció el robo en la comisaría 29, y la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción número 27, bajo la dirección de Jaime Far Suau. El juez decidió inspeccionar la bóveda el 1 de julio, en el decimotercer aniversario de la muerte de Perón, una vez finalizados los actos conmemorativos.
Esa noche, la justicia descubrió que el ataúd había sido violentado. Alguien había roto el cristal que lo cubría y había agujereado la caja metálica, dejando al descubierto los brazos del general, con las muñecas seccionadas. Según los forenses, las amputaciones habían sido realizadas con una sierra de Gigli, un implemento médico usado para cortar huesos. Determinaron que los cortes eran recientes y dejaron entrever que los profanadores habían trabajado durante al menos dos horas sin ser interrumpidos. Preservativos de velas y un dedo de goma utilizado para evitar cortes también fueron hallados en el lugar.
La gorra no fue robada, se encontró caída al lado del ataúd. Ante el horror del cadáver mutilado, el juez Far Suau solicitó un minuto de silencio a quienes lo acompañaban. En ese momento, sin su conocimiento, los servicios de inteligencia iniciaron un seguimiento sobre su vida personal y profesional, un acto típico en las sombras del Estado.
La profanación sorprendió no solo al peronismo, sino también al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, generando gran inquietud, especialmente en su Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y el jefe de la SIDE, Facundo Suárez. En medio de estos acontecimientos, el país vivía un contexto de agitación, reavivando las tensiones de los años 70, con una serie de atentados que resonaron por todo el territorio. En tan solo un mes, 33 explosiones se contabilizaron, cada una generando un clima de temor.
El 2 de julio, durante un acto público que presidía Alfonsín, la noticia del robo de las manos de Perón impactó. Su secretario de prensa, José Ignacio López, se apresuró a informarle antes de que los periodistas indagaran. Un fotógrafo de la Casa de Gobierno, Víctor Bugge, capturó el momento de esta reveladora conversación, convirtiendo sus imágenes en un testimonio visual de la historia contemporánea argentina.
Como es común en estos casos, se generaron numerosas pistas falsas, confusiones, silencios cómplices y falta de acción judicial. Este patrón ha sido recurrente en investigaciones de atentados políticos en el país. En medio de esta confusión, el misterioso “Grupo de los 13” persistió en sus exigencias de rescate, pero el Partido Justicialista siempre negaría tener los fondos requeridos.
Con el paso del tiempo, el 22 de noviembre de 1988, el juez Far Suau perdió la vida en un extraño accidente automovilístico tras una visita a su hijo en Bariloche. En el accidente, él, su esposa y su hijastro se vieron involucrados; solo el niño sobrevivió. Los detalles de su entrevista con la viuda de Perón viajaban en una carpeta negra que desapareció tras el fatal incidente.
El auto de Far Suau se incendió de manera inexplicable; el juez fue hallado a metros del vehículo. Un juez de Bahía Blanca que investigó el caso expresó dudas sobre la teoría del accidente. La vida del comisario Carlos Zunino, que había participado en la investigación, también estuvo en peligro cuando fue asaltado y recibió un disparo en la cabeza, pero sobrevivió.
Mientras tanto, uno de los serenos del cementerio, Luis Paulino Lavagno, fue hallado muerto bajo circunstancias sospechosas. Del mismo modo, María del Carmen Melo, una mujer que solía llevar flores a la tumba de Perón, también perdió la vida tras recibir golpes previos a su muerte.
En 1997, periodistas publicaron una investigación que vinculaba el robo de las manos con Licio Gelli, un mafioso italiano ligado a una logia masónica. La relación entre la firma de la carta y las creencias esotéricas de Gelli se insinuó. Pese al rechazo de Gelli sobre cualquier vinculación, los rumores afirmaron que el robo contaba con la participación de agentes de inteligencia.
Varios años después, en 2007, se reabrió la causa luego de encontrar una copia de las llaves de la bóveda familiar. La falta de cooperación del gobierno y un intento de robo a su hogar por parte de un comando marcaban un patrón de obstrucción. En 2014, un abogado sugirió que la CIA podría tener información relacionada con el robo, planteando la posibilidad de conexiones con el aparato de inteligencia militar argentino.
A pesar de todos estos esfuerzos, la causa del robo de las manos de Perón sigue abierta, alentando el recuerdo de un líder que es conmemorado cada 1 de julio con su famosa frase: “Yo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”. Sin embargo, la partitura de su historia está plagada de espantos.
