Según información oficial, los desembolsos ya han comenzado a ejecutarse y la estrategia del oficialismo es completar esta acción en las próximas dos semanas.
La deuda con prestadoras, clínicas, sanatorios, médicos y farmacias ha crecido en las últimas semanas, convirtiéndose en un tema de alta preocupación en la Casa Rosada. Este conflicto ha llevado a encuentros entre los equipos de Salud y Economía, generando alerta en Balcarce 50 ante el riesgo de que las tensiones se intensificaran, lo que podría afectar la atención a los afiliados.
La situación se agravó por el paro de 72 horas de médicos de cabecera, que coincidió con protestas por atrasos en prestaciones y manifestaciones frente a la sede principal del organismo y en el Congreso. En el oficialismo admiten que había inquietud por el potencial de que la tensión se incrementara en medio de una crisis sensible, debido al alto número de afiliados y el impacto político que tendría una interrupción prolongada en el sistema.
Desde el Gobierno se indica que la situación ha comenzado a “ordenarse” con los primeros desembolsos y minimizan la percepción de una crisis estructural. Argumentan que una parte considerable de la deuda reclamante se refiere a obligaciones corrientes de pocas semanas, y su objetivo es restablecer la previsibilidad en el flujo de pagos para evitar futuros conflictos con el sistema prestador.
Sin embargo, el problema trasciende este incumplimiento puntual. En el Ejecutivo se reconoce que el PAMI enfrenta una situación financiera crítica y que su dependencia de asistencia externa se ha hecho más evidente en un contexto de restricciones fiscales. La decisión del Ministerio de Economía de autorizar transferencias para comenzar a saldar la deuda indica que la presión de las prestadoras y el conflicto con los médicos han obligado a buscar una solución de emergencia más rápidamente.
Además, se ha incrementado el descontento por una reciente resolución que modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera. Mientras la Casa Rosada la presenta como una reestructuración para optimizar el sistema y simplificar el nomenclador, algunos sectores profesionales la ven como un recorte encubierto que deteriora aún más las relaciones con el Instituto. Esta tensión ha coexistido en los últimos días con el debate sobre la deuda, intensificando la situación global.
