La propuesta, liderada por la diputada Manuela Thourte, busca incluir los denominados “productos emergentes de tabaco y nicotina” en una estrategia de salud pública destinada a prevenir su consumo entre infantes y adolescentes.
El texto que se discutirá en la próxima sesión ordinaria recibió aportes durante las reuniones en comisión, incluyendo una serie de propuestas de la legisladora y médica Claudia Negri, orientadas al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la respuesta del sistema de salud.
El proyecto parte de la premisa de que, aunque estos dispositivos suelen ser considerados alternativas menos nocivas que el cigarro tradicional, todavía contienen sustancias que pueden afectar la salud. Por ello, se declara a los productos emergentes de tabaco y nicotina como perjudiciales, estableciendo un catálogo de restricciones para reducir su consumo y limitar el acceso a menores de edad.
Si se aprueba, la normativa prohibirá la venta y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina a personas menores de 18 años.
Según los fundamentos del proyecto, una investigación nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes secundarios, elaborada por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, reveló que el 35,5% de los adolescentes consumió vapeadores en el último año.
Asimismo, la normativa también aborda las creencias erróneas sobre los riesgos de estos productos, señalando que muchos jóvenes creen que no son perjudiciales.
La regulación equipara estos dispositivos a las restricciones existentes para el tabaco convencional en lo que respecta a espacios libres de humo, prohibiendo su uso en lugares cerrados de acceso público, incluyendo medios de transporte, escuelas, hospitales y espacios culturales.
Otras ciertas iniciativas contemplan la restricción de anuncios, promociones y patrocinios de estos productos, exceptuando su exhibición en los locales habilitados para su venta, donde debe incluir advertencias sanitarias visibles.
“Permitir la expansión de nuevos dispositivos de administración de nicotina sin regulación adecuada no solo pone en riesgo la salud de las siguientes generaciones, sino que también podría aumentar los costos sanitarios para el Estado”, comentó Thourte.
Además de limitaciones comerciales, la propuesta incluye acciones de concientización en instituciones educativas sobre los efectos de la nicotina en el cerebro adolescente, con énfasis en su impacto en el aprendizaje y el control de impulsos.
También se requiere que las personas gestantes sean informadas sobre los riesgos del consumo de estos productos durante el embarazo, considerándose problemas como el parto prematuro y el bajo peso al nacer.
Asimismo, el proyecto prevé la creación de protocolos específicos para la gestión y disposición de los residuos generados por su uso, incluyendo baterías y componentes plásticos, además de implementar sistemas de recolección diferenciada a través de puntos de reciclaje en la Ciudad.
Un aspecto que se modificó en el curso del tratamiento legislativo es el fortalecimiento de la respuesta sanitaria frente al vapeo. Las propuestas de Claudia Negri incluyen la actualización de programas de cesación para usuarios de vapeadores en hospitales y centros de salud, adaptándose a los patrones de consumo actuales.
También se propone establecer un registro de casos de Evali, una afección pulmonar relacionada con el uso de dispositivos de vapeo, con el fin de generar datos epidemiológicos sobre una condición que puede derivar en insuficiencia respiratoria y que no cuenta con un sistema de vigilancia específico en la Ciudad.
Esta discusión legislativa ocurre un mes después de que el Gobierno nacional emprendiera cambios significativos. Mediante la Resolución 549/2026, el Ministerio de Salud derogó la prohibición que existía desde 2011, dando lugar a un sistema de registro y control para productos de nueva generación.
La normativas nacionales integraron vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina en la Ley Nacional de Tabaco, estableciendo requisitos de comercialización y advertencias sanitarias.
Desde el sector industrial, se ha indicado que el proyecto porteño se alinea con esta actualización normativa, señalando que fortalece el esquema regulatorio en Buenos Aires al regular estos productos de acuerdo con la normativa nacional, buscando una regulación más integral que el antiguo sistema prohibicionista que solo promovía el comercio ilegal y la pérdida de ingresos fiscales.
Adicionalmente, la propuesta incorpora un régimen de sanciones para quienes incumplan las nuevas normas. Las penalidades incluyen multas para los establecimientos que vendan productos a menores de edad o sin la autorización necesaria, con montos de sanción que pueden ir de 500 a 5000 unidades fijas, lo que equivale a aproximadamente $474.995 a $4.749.950. Entre las sanciones se encuentran también el decomiso de productos y clausuras temporarias.
El reglamento nacional, que se adopta en la normativa porteña, reconoce la presencia en el mercado de distintos tipos de productos que han ganado popularidad entre los jóvenes, todos con la presencia de nicotina o derivados del tabaco, pero que funcionan de manera diferenciada.
