El 12 de agosto, la representación de los denunciantes presentó ante Asuntos Internos copias certificadas de las denuncias, sus ratificaciones, el dictamen fiscal y la resolución judicial vinculada con las imputaciones. El objetivo es avanzar con el sumario administrativo y determinar el estatus de los efectivos involucrados.
La investigación comenzó a partir de testimonios de personas que aseguraron haber sido detenidas en el departamento Ayacucho y trasladadas a la comisaría de Ulapes. Según las denuncias, allí habrían sido encapuchadas y sometidas a distintos actos de violencia con el propósito de obtener confesiones sobre un delito. Las acusaciones se encuentran bajo investigación y las imputaciones no implican una condena.
El Ministerio Público Fiscal promovió la apertura de un sumario judicial contra los ocho agentes, vinculados con dos episodios diferentes. La identificación de los presuntos responsables representa una de las dificultades de la investigación, debido a que los denunciantes habrían tenido el rostro cubierto durante los hechos.
También existe preocupación por la preservación de elementos que podrían resultar relevantes para la causa, entre ellos el libro de guardia de la dependencia policial.
El fiscal Julián de la Colina confirmó las imputaciones y precisó que la investigación alcanza a cinco policías que se encontraban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial. Por el momento no hay detenidos y permanecen pendientes distintas medidas judiciales solicitadas en el marco del expediente.
En paralelo, persisten interrogantes sobre la situación administrativa de los agentes. Asuntos Internos había dispuesto inicialmente el apartamiento preventivo de los ocho policías. Sin embargo, posteriormente se estableció que algunos se encontraban bajo licencia médica o administrativa, sin una suspensión de sus funciones.
La Policía de La Rioja se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial. La responsabilidad penal corresponde a fiscales y jueces, mientras que el Gobierno de Quintela tiene intervención sobre el funcionamiento de Asuntos Internos y sobre la preservación de registros e información vinculados con la situación laboral de los agentes investigados.
Desde junio, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia interviene en el caso y reclamó celeridad en la investigación, además de medidas para preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En una primera instancia se había informado el apartamiento del comisario y el subcomisario, mientras continuaban los cuestionamientos sobre la permanencia de otros efectivos presuntamente involucrados.
Al 12 de agosto, la causa continuaba con ocho policías imputados, sin condenas y con medidas judiciales aún pendientes de resolución. La documentación oficial ya fue presentada ante Asuntos Internos, aunque todavía no se encontraba disponible una resolución administrativa que permitiera precisar la situación laboral de cada uno de los agentes.
