Los controles serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, con una frecuencia mínima de una prueba cada dos meses. La convocatoria se realizará de manera personal, inmediata y reservada, mientras que los análisis se llevarán a cabo en el propio edificio de la Legislatura, sin necesidad de trasladar a los legisladores a otros centros de salud.
El procedimiento se implementará en el marco de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año. La normativa provincial había sido sancionada previamente, pero su aplicación estaba pendiente de un mecanismo específico para realizar los controles.
El protocolo alcanza a todos los legisladores en funciones y establece que la coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con autonomía respecto de las autoridades políticas. Entre sus funciones estará la articulación con un laboratorio o equipo técnico autorizado por la autoridad sanitaria para realizar los análisis rápidos dentro del edificio legislativo.
El área también deberá garantizar la correcta toma de muestras, preservar la confidencialidad y privacidad de los legisladores, asegurar la cadena de custodia y dejar constancia de cualquier inconveniente registrado durante el procedimiento.
Los controles podrán realizarse durante las sesiones de la Cámara y mientras funcionen las comisiones. El alcance incluye además las sesiones preparatorias y extraordinarias y las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.
En caso de que el primer análisis arroje un resultado positivo, se deberá realizar una prueba confirmatoria en un laboratorio acreditado.
La resolución forma parte de un proceso iniciado en septiembre de 2025, cuando la Legislatura sancionó una ley que estableció controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. El proyecto había sido aprobado entonces con 29 votos a favor y dos en contra.
Poco después de la sanción de esa norma, el gobernador Figueroa fue el primer funcionario en someterse al control, que dio resultado negativo. El mandatario sostuvo entonces que quienes ejercen funciones públicas deben dar el ejemplo y que las decisiones trascendentes deben tomarse con plena conciencia.
La legislación establece que la realización del examen constituye un requisito para permanecer en los cargos públicos. La obligación alcanza a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales.
La negativa injustificada a someterse al control será considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo.
Los estudios están destinados a detectar metabolitos de distintas sustancias, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. La ley provincial establece controles anuales, mientras que el protocolo aprobado para la Legislatura fija una frecuencia semestral como mínimo, con controles aleatorios y sorpresivos. El costo de cada examen estará a cargo del legislador sometido a la prueba.
