De acuerdo con un análisis elaborado por una entidad privada especializada en temas fiscales, los fondos fiduciarios del Estado nacional acumularían excedentes no ejecutados por aproximadamente US$4.000 millones entre 2024, 2025 y una proyección para 2026. El planteo se inscribe en la discusión sobre el uso de recursos con asignación específica y su impacto sobre el resultado fiscal.
El análisis tomó como base los datos oficiales de ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios del Estado nacional, publicados por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía. Según esas cifras, durante 2024 el superávit conjunto de los fondos fiduciarios alcanzó el equivalente a US$2.030 millones, calculado al tipo de cambio promedio de ese año.
En 2025, el excedente habría sido de US$973 millones bajo el mismo criterio de cálculo. Durante el primer trimestre de 2026, en tanto, se registró un superávit equivalente a US$239 millones. Si ese resultado se proyectara de manera aritmética para todo el año, el excedente anual alcanzaría unos US$956 millones.
El documento recordó que, al comienzo de su gestión, el Gobierno había planteado la eliminación de fideicomisos públicos por más de US$2.000 millones, a los que había cuestionado como estructuras vinculadas al manejo discrecional de recursos. Sin embargo, el análisis sostiene que los fondos fiduciarios que permanecieron vigentes continuaron acumulando recursos por encima de los gastos ejecutados.
El principal cuestionamiento se concentra en el destino de esos excedentes. Según el informe, parte de los recursos no habría sido aplicada de acuerdo con las asignaciones específicas previstas para cada fondo y habría sido orientada hacia inversiones financieras.
Entre los fondos mencionados aparecen el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el destinado a descuentos en las tarifas de gas para la denominada Zona Fría y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, entre otros.
Uno de los puntos señalados está relacionado con el estado de las rutas nacionales bajo responsabilidad de Vialidad Nacional. El análisis advierte sobre una reducción de la inversión en infraestructura vial y la vincula con el manejo de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Según el documento, si bien el Estado continúa recaudando ese tributo, los recursos no se habrían destinado en su totalidad a los fines establecidos por la legislación. En ese marco, también se cuestionó la posibilidad de transferir o delegar la administración de rutas nacionales a las provincias sin una transferencia equivalente de recursos.
El informe también puso el foco en el Fondo de Descuentos en Gas por Zona Fría y planteó que podría producirse una situación similar, con una menor ejecución de recursos y una mayor acumulación financiera. El análisis sostiene que una eventual reducción del gasto de este fondo podría contribuir a generar un excedente destinado a inversiones financieras.
Otra posibilidad planteada es una modificación del esquema de beneficios mediante una reducción de la cantidad de hogares alcanzados y un incremento del cargo adicional incluido en las facturas de gas. Según el análisis, este cambio podría dejar a más de tres millones de hogares sin los descuentos correspondientes a la Zona Fría y elevar el recargo del 7,5% al 11,25%.
La discusión vuelve a poner en el centro el papel de los fondos fiduciarios dentro de la política fiscal. Desde el Gobierno se sostiene que la reducción del gasto y la eliminación de estructuras consideradas ineficientes forman parte del proceso de reordenamiento de las cuentas públicas. En sentido contrario, el análisis cuestiona que la acumulación de excedentes en fondos con asignación específica pueda implicar una menor ejecución de recursos destinados a infraestructura, transporte, energía y programas productivos.
De acuerdo con la proyección incluida en el informe, si se mantiene durante 2026 el ritmo registrado durante el primer trimestre, los excedentes acumulados por los fondos fiduciarios durante los tres años analizados se acercarían a los US$4.000 millones.
El planteo vuelve a instalar el debate sobre cómo deben computarse estos recursos dentro del resultado fiscal y, en particular, sobre la diferencia entre acumular fondos y ejecutar efectivamente las partidas de acuerdo con los fines específicos para los que fueron establecidos.
