La administración provincial distribuirá 50.000 bonos que alcanzarán aproximadamente a 80.000 personas y representarán una inyección cercana a los $4.000 millones en la economía local. Los instrumentos no tendrán curso nacional, por lo que su utilización estará principalmente limitada a operaciones dentro de la provincia.
La Rioja ya había recurrido a este mecanismo en julio de 2024. En aquella oportunidad se emitieron bonos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con una paridad de uno a uno con el peso. Hasta un 30% de los salarios estatales podía abonarse mediante estos instrumentos, que también eran aceptados en comercios adheridos y para cancelar impuestos y servicios provinciales. Esa etapa finalizó el 31 de diciembre de 2024.
La denominación “Chachos” hace referencia a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, uno de los principales referentes del federalismo argentino durante las guerras civiles del siglo XIX.
El nuevo lanzamiento se produce en un contexto de tensión entre La Rioja y el Gobierno nacional por la distribución de fondos federales. A esto se suma una disminución de los ingresos que, según las autoridades provinciales, afecta las finanzas del Estado y la actividad económica privada.
La emisión de cuasimonedas tuvo otros antecedentes recientes. Uno de los primeros casos se registró en la década de 1980, cuando Tucumán emitió Bonos de Cancelación de Deuda ante la escasez de recursos provenientes del Gobierno nacional. Estos instrumentos continuaron circulando bajo distintas denominaciones hasta 2003.
Durante la crisis de 2001 y 2002, el fenómeno alcanzó su mayor dimensión. En ese período, 14 provincias emitieron cuasimonedas, que posteriormente fueron incorporadas a un proceso de unificación monetaria impulsado por el Gobierno nacional.
La crisis fiscal y la falta de liquidez llevaron a distintas jurisdicciones a emitir bonos al portador que coexistieron con el peso. En agosto de 2002, el conjunto de estas emisiones llegó a representar unos $8.535 millones en circulación. A nivel nacional también se pusieron en circulación las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), con denominaciones de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.
El valor de las cuasimonedas dependía de la cantidad emitida y de la demanda existente entre los usuarios. Su utilización para cancelar obligaciones fiscales les otorgó liquidez y permitió que funcionaran, en la práctica, como medios de pago dentro de las provincias que las aceptaban.
La coexistencia de distintas monedas y bonos también generó dificultades para el funcionamiento de la economía. Autoridades, empresas y particulares debían establecer mecanismos específicos para operar con cada instrumento, mientras que las diferencias de valor y la depreciación de algunos bonos podían afectar el poder adquisitivo.
La circulación de cuasimonedas también tuvo efectos sobre la política monetaria nacional, debido a la convivencia entre la emisión del Banco Central y los instrumentos creados por las provincias. En algunos casos, el volumen de bonos llegó a representar una proporción significativa de la base monetaria provincial.
En Corrientes, por ejemplo, la emisión de cuasimonedas llegó a superar la base monetaria provincial, mientras que en La Rioja y Mendoza representó alrededor del 12%. En Buenos Aires y Córdoba, dos de las provincias de mayor tamaño, llegó a ubicarse en torno al 50% durante el período de mayor circulación.
Entre las principales emisiones de aquel período se encontró el Patacón de Buenos Aires, lanzado en agosto de 2001 y utilizado como equivalente del peso en numerosos comercios de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. En Entre Ríos, el Federal perdió rápidamente valor y llegó a cotizar por debajo de su denominación nominal.
La Rioja también había emitido una cuasimoneda durante esa crisis, aunque en una escala menor. En agosto de 2002, sus bonos alcanzaban los $5 millones en circulación, frente a los $3.306 millones emitidos en Patacones y los $700 millones correspondientes a los Lecor de Córdoba.
Con la recuperación de la actividad económica, se avanzó en la eliminación de estos instrumentos. Como parte de la reestructuración de la deuda pública, se estableció un proceso de recompra de las cuasimonedas, que quedó completado hacia fines de 2003.
