La reunión tendrá además como novedad la primera participación del secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien deberá responder preguntas de los diputados. También estarán presentes el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
Antes de asumir su actual cargo, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó el organismo en medio de un escándalo relacionado con presuntas coimas y sobreprecios.
La ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 por distintos bloques opositores y establecía la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más. El presidente Javier Milei vetó posteriormente la norma con el argumento de que su aplicación podía afectar el equilibrio fiscal.
Pese al veto, el Congreso reunió los dos tercios de los votos necesarios en ambas Cámaras para insistir con la legislación. Ante esa situación, el Gobierno decidió suspender su aplicación mediante un decreto hasta determinar las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al Presupuesto nacional. Luego, la Justicia ordenó que la ley comenzara a aplicarse de manera inmediata en los términos en los que había sido sancionada.
Entre sus principales medidas, la normativa creó una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El beneficio es compatible con el trabajo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
La ley también estableció un régimen de emergencia destinado a regularizar las deudas tributarias de prestadores del sistema, entre ellos hogares, escuelas y centros de día. El esquema contempla la posibilidad de condonar intereses y multas y de refinanciar planes de pago.
Otro de los puntos centrales fue la actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, de acuerdo con el índice de movilidad. La medida respondió a uno de los principales reclamos de las familias, luego de que la falta de actualización de los aranceles afectara la continuidad de servicios considerados esenciales.
El nuevo proyecto presentado por la oposición busca hacer efectiva la prórroga de un año que había sido contemplada originalmente en la legislación. La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino, de Unión por la Patria; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Germán Martínez, de Unión por la Patria; y Oscar Herrera Aguad, de Argentina Federal.
Además, propone extender la facultad del jefe de Gabinete para realizar modificaciones presupuestarias, con la condición de que no se reduzcan los créditos destinados a Servicios Sociales. Los legisladores que impulsan la iniciativa sostienen que esa herramienta constituye la fuente de financiamiento prevista para la ley y que su utilización fue respaldada por la Justicia Federal.
La oposición también busca garantizar la participación de organizaciones civiles en la audiencia. Desde el oficialismo sostienen que esa posibilidad estará disponible en futuras reuniones de la comisión, mientras que los bloques opositores consideran que esa postura puede demorar el tratamiento del proyecto.
En ese marco, la oposición convocó a una sesión para el 9 de septiembre, con el objetivo de avanzar en el emplazamiento de las comisiones y establecer un plazo determinado para la emisión de dictámenes.
El escenario legislativo presenta además una diferencia respecto de 2025. La Libertad Avanza cuenta actualmente con más de un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados, por lo que un eventual veto presidencial ya no podría ser rechazado por la oposición sin alcanzar nuevamente los dos tercios de los votos.
La discusión se producirá a pocas semanas de las elecciones y vuelve a poner en juego el costo político que tendría una nueva disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por la aplicación de la Emergencia en Discapacidad.
