El gobernador Ignacio Torres anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero, que hasta ahora contemplaba obligaciones con mutuales y cooperativas. Con la modificación, los trabajadores de la Administración Pública Provincial también podrán reestructurar los saldos impagos de sus tarjetas de crédito.
El esquema establece un año de gracia para comenzar a cancelar el capital, mientras que durante los primeros 24 meses se aplicará una tasa fija del 25%. La devolución podrá extenderse hasta un máximo de 72 cuotas.
Según explicó el Gobierno provincial, la ampliación busca dar continuidad al mecanismo implementado anteriormente para otras obligaciones financieras. De acuerdo con los datos oficiales, ese programa permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias en distintas localidades de Chubut.
En paralelo, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, con el objetivo de ampliar el alcance de estas herramientas a otros sectores de la población.
La iniciativa contempla a residentes de Chubut que tengan deudas en mora correspondientes a tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El proyecto también establece otras condiciones de acceso que deberán definirse durante el tratamiento legislativo.
Para esos casos, se propone la posibilidad de acceder a créditos especiales destinados a refinanciar las obligaciones, con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades que adhieran al esquema podrán ofrecer condiciones más favorables, ya sea mediante tasas menores o períodos de devolución más extensos.
La propuesta de Chubut se suma a distintas iniciativas implementadas en otras jurisdicciones frente al incremento de la morosidad de los hogares. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Banco Provincia puso en marcha un programa de refinanciación de deudas en mora con plazos de hasta 72 meses.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura aprobó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a obligaciones bancarias en mora, con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses.
También se implementaron programas de características similares en provincias como Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Neuquén, Misiones y Jujuy, con diferentes mecanismos para facilitar la regularización de las deudas.
Estas medidas provinciales contrastan con la posición adoptada por el Gobierno nacional, que descartó implementar un programa general de asistencia frente al aumento de la morosidad. Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que se trata de una cuestión que debe resolverse entre deudores y acreedores.
El Gobierno nacional también señaló que existen mecanismos de refinanciación disponibles a través del Banco de la Nación Argentina y mediante acuerdos particulares entre los clientes y las entidades financieras.
Como parte de la propuesta, Chubut busca incentivar la adhesión de bancos y otras entidades mediante una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos aplicada sobre los ingresos generados por estos créditos.
El proyecto también incorpora medidas destinadas a proteger los ingresos de los trabajadores estatales. En particular, establece que los descuentos correspondientes a préstamos y otras obligaciones no podrán superar el 25% de la remuneración bruta.
Además, se fija como condición que cada trabajador conserve al menos un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las asignaciones familiares quedarían excluidas de cualquier descuento y también se establece un límite para el Costo Financiero Total de los créditos que se otorguen mediante descuentos sobre los haberes.
