El planteo será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, después de que la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmara el archivo de la causa el 4 de septiembre. Esa decisión había sido adoptada inicialmente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Para el fiscal, la investigación fue cerrada antes de completar diligencias que podían aportar información relevante sobre los hechos denunciados. En ese sentido, cuestionó que se haya dispuesto el archivo cuando todavía existían medidas de instrucción pendientes y calificó la decisión como prematura y arbitraria.
El recurso sostiene que, ante una denuncia que presente un grado mínimo de seriedad y verosimilitud y cuando el Ministerio Público haya impulsado medidas de prueba, no corresponde finalizar el expediente sin avanzar previamente con esas diligencias. Según el planteo, esas medidas permitirían determinar con mayor precisión qué ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades de las personas que pudieron haber intervenido.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al argumento utilizado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para confirmar el archivo. Los magistrados habían señalado que la Fiscalía no había precisado qué otras medidas concretas podrían permitir acreditar los delitos investigados.
Frente a esa postura, Agüero Iturbe sostuvo que el objetivo inicial de una investigación penal es establecer los hechos y, posteriormente, determinar si esos hechos pueden ser encuadrados en una figura delictiva. Por eso, planteó que la pesquisa no debe partir de una calificación legal definitiva para definir qué pruebas corresponde realizar.
Otro eje del recurso está relacionado con el destino de los dólares correspondientes al acuerdo con el FMI. La Fiscalía considera necesario profundizar el seguimiento de los fondos para establecer qué ocurrió con las divisas una vez que ingresaron al circuito financiero argentino y determinar si existieron vínculos entre funcionarios y operadores privados que eventualmente pudieran haberse beneficiado.
En ese sentido, el planteo sostiene que no alcanza con reunir información general sobre el endeudamiento o la formación de activos externos. La investigación debería avanzar sobre la trazabilidad de los fondos para establecer su recorrido y determinar si existen elementos que permitan vincular esas operaciones con los hechos denunciados.
El fiscal también cuestionó que el tiempo transcurrido pueda ser utilizado por sí solo como argumento para cerrar la causa. Según sostuvo, el paso del tiempo no impide continuar con las medidas de prueba mientras no exista prescripción de la acción penal ni se haya vulnerado el plazo razonable del proceso. A su criterio, ninguna de esas circunstancias se encontraba acreditada en el expediente.
La causa se inició a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la negociación, aprobación y ejecución del acuerdo firmado con el FMI en 2018. La presentación alcanzó al entonces presidente Mauricio Macri y a exfuncionarios de su administración, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
El acuerdo había sido anunciado inicialmente por unos USD 50.000 millones y posteriormente elevado a USD 57.100 millones. La investigación buscó determinar si durante la negociación y ejecución del préstamo se habían cometido delitos relacionados con la administración de fondos públicos, abuso de autoridad u otras posibles irregularidades.
La jueza María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo al considerar que los hechos denunciados no permitían configurar los delitos investigados. Esa decisión fue apelada y posteriormente llegó a la Cámara Federal porteña.
El 4 de septiembre, los jueces Llorens y Bertuzzi confirmaron el cierre. En su resolución consideraron que las decisiones vinculadas con la política económica del Gobierno pertenecen a ámbitos que, en determinadas circunstancias, quedan fuera del control judicial. También valoraron el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación y la cantidad de documentación incorporada al expediente.
Entre los elementos reunidos figuraban informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de documentación administrativa y testimonios.
Para el fiscal, ese material no alcanza para justificar el cierre definitivo mientras permanezcan diligencias pendientes que podrían aportar nuevos elementos sobre los hechos denunciados.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá definir el futuro del expediente. La Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, deberá resolver si hace lugar al planteo fiscal y dispone que la investigación continúe o si mantiene el archivo confirmado por la Cámara Federal porteña.
