Un reciente informe de una agencia de comunicación analizó la tendencia de la pobreza infantil en el NOA, junto con la efectividad de las transferencias de ingresos y el comportamiento del presupuesto nacional en torno a la niñez y adolescencia. Los resultados indican una recuperación respecto a los índices más altos de los últimos años, pero también señalan la necesidad de mantener la vigilancia sobre esta tendencia.
De acuerdo a datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y UNICEF Argentina, en 2026, un 42,4% de los niños y adolescentes del NOA vive en la pobreza, mientras que el índice de indigencia infantil se establece en un 8,3%.
Este registro es una mejora en comparación con 2023, cuando la pobreza infantil alcanzó el 52% y la indigencia se elevó al 12,3%. Sin embargo, al observar cifras más amplias, emerge la limitación de esta recuperación: en 2018, la pobreza infantil en la región era del 38,4%, es decir, el indicador actual se encuentra cuatro puntos porcentuales por encima de aquel nivel.
En Salta, los indicadores muestran resultados relativamente más favorables que el promedio del NOA. Durante el primer semestre de 2026, el 29,7% de la población encuestada en el área urbana de Salta se encontraba bajo la línea de pobreza, según estadísticas del INDEC. Este porcentaje es inferior al promedio regional de 31,5% y al nacional, que se sitúa en 32,3%.
La indigencia afectó al 4,4% de la población salteña, apenas por encima del promedio del NOA, pero considerablemente por debajo del promedio nacional en 3,1 puntos porcentuales. Entre los seis aglomerados urbanos revisados en la región, Salta presenta la tercera tasa de pobreza más baja.
Pese a estos datos, la situación de los niños es más compleja. Según el Índice Provincial de Niñez de UNICEF, Salta está entre las provincias que han realizado avances significativos en la última década, destacando mejoras entre 2024 y 2025. Con un índice de 0,581, la provincia aún está por debajo del promedio nacional de 0,630, reflejando una mayor dificultad en el área de educación.
En este contexto, las transferencias de ingresos desempeñan un rol fundamental. El informe subraya que sin estas políticas, la situación de la infancia sería mucho más alarmante: la pobreza infantil podría incrementarse del 42,5% al 47,8%, y el índice de indigencia podría ascender del 9,5% al 16,4%. Herramientas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con programas como la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días, actúan como un salvaguarda para millones de familias.
En Salta, a septiembre de 2026, se registran 177.090 beneficiarios de la AUH. La mayor parte de la inversión social en niñez por parte del Estado nacional se concentra en este tipo de transferencias, donde el 98% del aporte nacional va dirigido a la protección de ingresos.
Sin embargo, la situación se complica al observar otras áreas. La educación, la salud, la alimentación y la protección de derechos dependen cada vez más de los recursos provinciales. A nivel nacional, las provincias financian el 67% de la inversión social en niñez y ejecutan el 70% del gasto, además de cubrir el 96% del gasto en educación y el 81% en salud.
El decremento del presupuesto nacional también se puede observar en programas específicos en Salta. Según señala el informe, la cantidad de escuelas asistidas por comedores escolares disminuyó de 283 a 114 entre 2024 y 2025, lo que representa una reducción del 59,7%. En paralelo, el número de estudiantes beneficiados cayó de 29.463 a 22.309.
En 2025, desde la Nación se asignaron 4.377 millones de pesos a un programa nacional que distribuyó fondos entre 22 jurisdicciones, pero esta transferencia fue acompañada por una notable merma en la cobertura territorial.
El informe también documenta retrocesos en otras áreas. Entre 2025 y 2026, la ejecución presupuestaria en educación disminuyó un 28% en términos reales. Las becas se redujeron un 44%, mientras que la inversión en infraestructura escolar y conectividad se desplomó en un 96%, y la formación docente sufrió una caída del 98%.
En salud infantil, el apoyo a los sistemas provinciales disminuyó un 67% en términos reales en 2026, tras una caída del 62% en 2025. También bajaron las transferencias al Hospital Garrahan y los recursos para vacunas.
La primera infancia no escapó a estos recortes. El Plan Nacional de Primera Infancia se redujo un 51% en 2025, mientras que el programa de Acompañamiento en Crianza se vio afectado con una disminución del 100% en ese año. Para 2026, se anticipan nuevos recortes en áreas relacionadas con la salud integral y la educación.
Las proyecciones ahora se centran en el Presupuesto 2027. Según el análisis de una organización civil incorporado al informe, las transferencias más prominentes dirigidas a la niñez —como la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares— volverían a niveles equiparables a los de 2023 el próximo año.
Este dato es relevante dado que 2023 se perfila como uno de los puntos más bajos en la serie, con caídas superiores al 20% respecto a los dos años anteriores.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluye, además, una modificación en el mecanismo de actualización de la AUH y las Asignaciones Familiares. La propuesta sugiere eliminar artículos de la ley que garantizan su movilidad automática, sin ofrecer una fórmula alternativa ni un mínimo de periodicidad para las actualizaciones.
La organización destacó que bajo este esquema, las subas dependerían del criterio presupuestario del Gobierno nacional. Como antecedente, se mencionó que la Prestación Alimentar estuvo 23 meses sin ajustes.
Las reducciones proyectadas para 2027 también impactan en otros programas vitales. La Educación Sexual Integral se perfiló con una caída del 98,5% respecto a 2023; la salud sexual y reproductiva, con una disminución cercana al 30%; y los programas destinados a la violencia de género verían un recorte del 89%.
Se anticipan también drásticas reducciones en partidas relacionadas con vivienda y acceso a agua potable, y se advierte sobre cambios que afectarán a políticas dirigidas a personas con discapacidad.
Este panorama plantea una discusión que trasciende las meras cifras presupuestarias. En el NOA, donde 42 de cada 100 niños son pobres, las mejoras desde 2023 coexisten con un Estado nacional que recorta su participación en políticas de educación, salud, alimentación y protección.
