El máximo tribunal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737. La Corte, sin embargo, rechazó la demanda iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) al considerar que la entidad no había acreditado la legitimación necesaria para impulsar la acción colectiva.
Con el fallo, quedó vigente la derogación de la denominada Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la resolución y la calificó como “el fallo de la infamia”. Según sostuvo, la decisión afecta la soberanía nacional y la voluntad popular. También afirmó que el Gobierno había retirado su proyecto del Senado por no contar con los respaldos necesarios y cuestionó que la modificación buscada pudiera concretarse ahora mediante una decisión judicial.
Desde Unión por la Patria también hubo pedidos para que el Congreso vuelva a intervenir sobre el decreto. El senador Mariano Recalde sostuvo que el Senado ya había rechazado el DNU 70 y planteó que, si Diputados también lo rechaza, podría frenarse la derogación de la Ley de Tierras. Además, convocó a una nueva movilización.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que la normativa había sido defendida mediante una movilización y cuestionó que, a partir de la decisión de la Corte, quedaran sin efecto las restricciones previstas por la Ley 26.737. Como respuesta, planteó dos objetivos para su bancada: el rechazo del DNU y la movilización.
En la misma línea, la diputada Julia Strada reclamó que el decreto sea rechazado en el Congreso y cuestionó la resolución del máximo tribunal.
También se sumaron al reclamo dirigentes de otros espacios opositores. El diputado socialista Esteban Paulón pidió que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/23, en línea con la decisión que había tomado el Senado, y planteó la posibilidad de convocar a una sesión especial.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman reclamó la anulación del decreto y señaló que la Cámara de Diputados debe avanzar con su tratamiento. La legisladora también afirmó que su espacio se había puesto a disposición para reunir las firmas necesarias para convocar a una sesión especial.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó el alcance de la decisión y sostuvo que, tras la derogación de la Ley 26.737, Argentina ya no cuenta con una norma específica que establezca esas restricciones sobre las tierras rurales frente a la adquisición por parte de extranjeros o Estados extranjeros.
El constitucionalista también cuestionó que la Corte haya considerado que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la acción colectiva. En ese sentido, planteó interrogantes sobre quién podría representar judicialmente un interés colectivo vinculado con la integridad territorial.
Según su interpretación, la resolución deja abierta la posibilidad de que una controversia de características similares vuelva a ser judicializada mediante otro planteo que reúna las condiciones procesales exigidas por el máximo tribunal.
La exsecretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, también manifestó su rechazo a la sentencia y cuestionó el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Su planteo se sumó a los reclamos para que los diputados intervengan sobre el DNU 70/2023.
La discusión queda así trasladada nuevamente al Congreso, donde los sectores opositores que cuestionaron el fallo de la Corte plantearon la necesidad de avanzar con el rechazo del decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales.
