La resolución se conoció a pocos días de una nueva movilización universitaria y mientras las autoridades de las casas de estudio preparan una reunión para reclamar el cumplimiento de la norma. Este miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional realizará su encuentro mensual en Plaza de Mayo. El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores se reunirá a las 14.30 y volverá a exigir al Poder Ejecutivo el “cumplimiento pleno y efectivo” de la ley aprobada por el Congreso.
El fallo dispone la aplicación de los artículos cuestionados y alcanza medidas vinculadas con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y con la recomposición de los programas de becas para estudiantes.
El conflicto judicial se originó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero supeditó su ejecución a que se identificaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas necesarias al presupuesto.
Cormick consideró inconstitucional esa condición. En su análisis, cuestionó particularmente la referencia incluida en el decreto al artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que las normas que autorizan o disponen gastos deben contemplar expresamente su financiamiento.
Frente a ese argumento, el magistrado sostuvo que el artículo 9 de la Ley 27.795 ya fijaba pautas de financiamiento y otorgaba al Poder Ejecutivo la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias de acuerdo con la situación existente.
Otro de los elementos considerados en la sentencia fue la situación presupuestaria del Estado. El juez señaló que Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, debido a la prórroga de las partidas correspondientes a 2023. También indicó que durante 2025 se realizaron seis modificaciones mediante decretos y decisiones administrativas que tuvieron impacto sobre el presupuesto operativo.
En ese contexto, la resolución incorporó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el costo total de la Ley 27.795 durante 2025 representaría aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Ese dato fue considerado relevante para determinar si existía un impedimento presupuestario suficiente para justificar la suspensión de la norma.
La sentencia también tomó en cuenta hechos posteriores al inicio de las demandas. Entre ellos, las actas paritarias firmadas el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los sindicatos de docentes y no docentes.
Los acuerdos establecieron una actualización salarial acumulada del 24,33%, integrada por un incremento del 21,33% desde junio y otro del 3% previsto para octubre. Además, se acordó una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un aumento de $50.000 millones para hospitales universitarios y una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
Para el juez, esas medidas formaban parte del contexto vigente al momento de resolver el conflicto y debían ser consideradas al evaluar los argumentos vinculados con el financiamiento de la ley.
La Justicia ya había intervenido previamente sobre este punto. Antes de la sentencia definitiva, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires habían obtenido una medida cautelar que declaraba inaplicable la suspensión de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 establecida en el decreto del Poder Ejecutivo. Esa decisión había sido confirmada por la Sala III del tribunal.
Con el nuevo fallo, Cormick avanzó sobre la cuestión de fondo y declaró directamente la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 en los aspectos cuestionados, además de ordenar la ejecución de la ley.
Mientras las autoridades universitarias se preparan para reclamar públicamente la aplicación de la norma, el Gobierno analiza la estrategia judicial para evitar afrontar de manera inmediata el gasto que implicaría su ejecución. Dentro de la administración se evalúa continuar apelando las decisiones judiciales mientras se define cómo afrontar los fondos establecidos por la ley.
El conflicto tendrá además una nueva instancia en las calles la próxima semana. Para el jueves 15 de octubre fue convocada la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación desde las 13.30.
La movilización tendrá como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y coincidirá con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.
El escenario también se vincula con la discusión presupuestaria para 2027. Mientras el Congreso comienza a analizar la asignación de recursos para el próximo año, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla cerca de $7,3 billones para las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional, en cambio, solicitó $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.
