El requerimiento fue presentado el 6 de octubre en el expediente CFP 151/2025 y sostiene, de manera preliminar, que la conducta atribuida a Estrada podría constituir el delito de peculado de trabajo y servicios, previsto en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La solicitud se produjo luego de que la causa pasara al fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación había comenzado en Salta, donde Estrada participó el 18 de diciembre de 2025 de una audiencia de formalización de cargos. En esa instancia, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez admitió la imputación presentada por el fiscal general Carlos Martín Amad por abuso de autoridad y peculado de servicios.
Durante aquella audiencia, Estrada participó de manera remota y no prestó declaración. Su defensa había planteado la nulidad de las actuaciones y argumentado que existía una persecución política, pero el planteo fue rechazado. El avance del expediente estuvo además atravesado por conflictos de competencia y planteos vinculados con la inmunidad parlamentaria.
La acusación se concentra en el presunto uso de personal remunerado con fondos públicos para realizar actividades ajenas a sus funciones legislativas. Según Marijuan, Estrada habría utilizado trabajos o servicios financiados por la administración pública en beneficio propio cuando todavía se desempeñaba como diputado nacional.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre las tareas asignadas a los asesores se encontraba la producción y difusión de videos falsos de manera clandestina y mediante cuentas anónimas en redes sociales. Los dos empleados que habrían sido destinados a esas actividades prestaron testimonio durante la investigación y reconocieron su participación en la difusión de contenidos a través de cuentas anónimas de TikTok.
En la etapa desarrollada en Salta, la fiscalía había señalado que algunos de esos videos buscaban vincular al gobierno provincial con actividades relacionadas con el narcotráfico. Amad había sostenido que el caso se vinculaba con un presunto desvío de servicios financiados por el Estado y un supuesto abuso de autoridad.
El fiscal Marijuan planteó que el traslado de la causa a Buenos Aires requiere adecuar las actuaciones al régimen procesal vigente en esa jurisdicción, establecido por la Ley 23.984. A partir de lo actuado previamente por el Juzgado Federal N°2 de Salta, solicitó que Estrada sea citado a prestar declaración indagatoria y que la investigación continúe en el fuero porteño.
La causa también había tenido un pedido de desafuero en junio de 2025, cuando Amad solicitó esa medida. El mandato de Estrada como diputado nacional finalizó el 10 de diciembre de ese año.
Estrada es economista y representó a Salta en la Cámara de Diputados entre 2021 y 2025. Antes de llegar al Congreso fue ministro de Economía de Salta durante la gestión de Juan Manuel Urtubey y subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.
