El convenio fue firmado en febrero por el canciller argentino Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Recientemente, ambos suscribieron un protocolo adicional que el Gobierno argentino buscará que sea aprobado por el Congreso en las próximas semanas. El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambos países notifiquen formalmente su aprobación.
Daniel Lejtman, contador público y asesor empresarial con una trayectoria de casi tres décadas en el estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, analizó las oportunidades que podría generar el entendimiento. Según explicó, el crecimiento comercial ya se encontraba en marcha antes de la entrada en vigor del acuerdo, por lo que su implementación podría facilitar y dar mayor previsibilidad a las operaciones.
En 2025, el intercambio bilateral de bienes y servicios rondó los US$30.000 millones. De ese total, aproximadamente US$18.300 millones correspondieron al comercio de bienes: Estados Unidos exportó cerca de US$10.000 millones hacia Argentina e importó alrededor de US$8.300 millones. En los primeros ocho meses de 2026, el intercambio de bienes superó los US$13.200 millones, con un incremento interanual del 35%.
Entre los principales cambios previstos, las empresas estadounidenses tendrían condiciones de acceso más favorables al mercado argentino en sectores como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, automóviles y productos agropecuarios. El acuerdo también contempla medidas vinculadas con el ingreso de ganado en pie, los servicios digitales, la protección de la propiedad intelectual y las inversiones en litio, cobre y otros materiales críticos.
Para Argentina, uno de los principales beneficios potenciales sería la eliminación de aranceles y el acceso al trato de nación más favorecida. Además, el entendimiento podría facilitar el financiamiento a través del Exim Bank y la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos, con oportunidades para proyectos de energía, minería, agroindustria y determinados segmentos industriales.
Lejtman señaló que también podrían verse favorecidos los frigoríficos, los exportadores de carne vacuna y las pequeñas y medianas empresas manufactureras que enfrentan costos regulatorios o dificultades para ingresar al mercado estadounidense. En ese sentido, destacó que las ventajas no se limitarían a una reducción de aranceles, sino que podrían incluir una simplificación de trámites, homologaciones y requisitos técnicos.
La energía y los minerales críticos aparecen como áreas estratégicas para profundizar el vínculo. Estados Unidos busca diversificar y asegurar sus cadenas de suministro, mientras que Argentina dispone de recursos relevantes en litio, cobre y energía. Esta complementariedad podría traducirse no solo en mayores exportaciones, sino también en inversiones y financiamiento para infraestructura vinculada con esos sectores.
El acuerdo también podría influir en las decisiones de inversión de las compañías estadounidenses. Además de las condiciones arancelarias, las empresas evalúan la previsibilidad normativa, la protección de la propiedad intelectual, las regulaciones aduaneras y la facilidad para importar equipamiento. La consolidación de las reglas comerciales podría mejorar las condiciones para desarrollar proyectos de largo plazo.
Sin embargo, la concreción de estas oportunidades dependerá de la implementación efectiva del convenio. Aunque el intercambio comercial ya muestra una evolución positiva, el desafío será convertir los compromisos en operaciones concretas, nuevas inversiones y proyectos productivos. La aprobación y puesta en marcha del ARTI serán pasos centrales para determinar el alcance de esta nueva etapa en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos.
