Durante años, Argentina ha contado con las características necesarias para fomentar el desarrollo de la acuicultura: cuerpos de agua de buena calidad, especies de interés biológico y económico, capacidades científicas adecuadas, una rica tradición en el sector agropecuario y pesquero, y la posibilidad de acceder a mercados internacionales lucrativos. No obstante, hasta 2020, el sector se encontraba fragmentado y operaba a pequeña escala sin una coordinación adecuada. En sistemas agroalimentarios complejos, el desafío va más allá de lo productivo o tecnológico; se trata, principalmente, de una cuestión de gobernanza y organización.
Desde la perspectiva de los agronegocios, la competitividad no puede basarse únicamente en la disponibilidad de recursos naturales. Es esencial establecer reglas coherentes, fomentar la colaboración entre diversos actores y tener la capacidad para reducir las incertidumbres que surgen. En este contexto, es fundamental buscar un alineamiento competitivo entre provincias, organismos, empresas, ciencia, financiamiento y la sociedad, para operar en función de un objetivo común y responsable.
La Ley Nacional 27.231 de Acuicultura Sustentable, promulgada en 2015, representa el primer intento de política pública integral enfocada en el desarrollo del sector acuícola en Argentina. Esta normativa no solo reconoció a la acuicultura como una actividad estratégica en el ámbito productivo, sino que además creó un sistema nacional de promoción y apoyo, fortaleciendo los registros, estadísticas y trazabilidad. También incentivó la investigación aplicada, estableció criterios sanitarios y ambientales, y promovió la colaboración entre el gobierno nacional y provincial para respaldar inversiones a largo plazo. Más que simplemente ser un instrumento regulador, la ley comenzó a sentar las bases institucionales necesarias para transformar la actividad dispersa en un sector con potencial de crecimiento real.
Un aspecto crucial de esta legislación es su enfoque moderno del desarrollo. Reconoció que la competitividad no solo radica en aumentar la producción, sino en la habilidad para articular de manera efectiva el entorno, la tecnología, los recursos financieros, los mercados y la aceptación social. Esto implica que el crecimiento sostenible depende de instituciones que puedan coordinar diferentes intereses, reducir la incertidumbre y construir confianza entre los actores involucrados.
Este enfoque nos lleva a un aspecto central del debate actual. Una ley no debe limitarse a regular o autorizar actividades, sino que debe reflejar las necesidades políticas, económicas y sociales. Cuando se logra orientar incentivos y coordinar actores, se puede convertir en una herramienta efectiva para el desarrollo. En los sistemas productivos contemporáneos, las regulaciones actúan como una infraestructura sin precedentes, que permite proyectar inversiones, organizar capacidades, orientar la innovación y forjar consensos a largo plazo.
El régimen promocional establecido por la Ley 27.231 finalizará en diciembre de 2025, después de haber estado vigente durante 10 años. Esta normativa fue diseñada para una fase inicial que buscaba eliminar barreras de acceso, fomentar inversiones y desarrollar capacidades en una actividad que apenas comenzaba a afianzarse a nivel nacional. Los resultados de los últimos años indican que esta fase ha alcanzado una parte significativa de sus objetivos.
Las cifras de los últimos cinco años reflejan este avance. En 2024, la producción acuícola en el país superó las 12.200 toneladas, en comparación con las 1.900 registradas en 2019. La trucha arcoíris (salmónidos) representó alrededor del 82% de la producción nacional en el norte de Patagonia, mientras que el pacú se establece como la principal especie nativa cultivada en el NEA. Buenos Aires y Chubut están desarrollando la producción de pez limón, ampliando la diversidad de especies de alto valor. Tierra del Fuego es un claro ejemplo de este progreso, gracias a la adecuación de su marco normativo, que permitió transitar de un contexto de restricción a uno de desarrollo, facilitando nuevas inversiones. Actualmente, se estima que la producción nacional podría sobrepasar las 15.000 toneladas hacia 2026, y alcanzar entre 70.000 y 80.000 toneladas para 2030.
La acuicultura argentina comienza a dejar atrás la mera noción de potencial, transformándose de manera gradual en un sistema productivo tangible. Sin embargo, el éxito de este proceso dependerá menos de la disponibilidad de agua o de especies que de la construcción de reglas claras, una coordinación federal efectiva, y la generación de confianza y condiciones propicias para innovar, invertir y producir.
Más que debatir si se debe continuar o no con un régimen, el verdadero desafío radica en la evolución de la política acuícola en Argentina. Esto implica fortalecer la bioseguridad, promover la producción genética local, acelerar la innovación tecnológica y en inteligencia artificial, mejorar los sistemas de trazabilidad y armonizar marcos regulatorios entre diferentes jurisdicciones. Además, es necesario consolidar una estrategia federal que apoye el crecimiento del sector durante las próximas décadas, sin descuidar un principio fundamental: la protección del medio ambiente.
Finalmente, es importante recordar que los sistemas de desarrollo actuales no se inician exclusivamente en el potencial y disponibilidad de recursos, sino en las instituciones que los respaldan.
