La defensa sostiene que los movimientos patrimoniales cuestionados cuentan con respaldo documental, contable y técnico y afirma que no existe un “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”. El planteo responde a una reconstrucción realizada durante la investigación, en la que se detectó una diferencia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos registrados durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Según los números incorporados al expediente, la fiscalía calculó ingresos lícitos por $229.752.283,20, mientras que los egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos alcanzaron $272.820.832,20, además de US$402.578,12. La diferencia en moneda nacional asciende a $43.068.549.
Para la defensa, esa brecha representa el 15,8% de los egresos reconstruidos y el 18,7% de los ingresos considerados lícitos. Por eso la define como una diferencia residual y sostiene que un informe contable incorporado como Anexo I permite explicar parte de las operaciones que todavía no habían sido conciliadas.
Uno de los principales puntos abordados está relacionado con los dólares declarados como ahorros bajo el concepto de venta de activos. Según la explicación presentada por Ledesma, esos fondos no surgieron de la venta de un inmueble ni de otro bien físico, sino de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin. Las operaciones involucradas totalizan US$591.544,61.
La defensa sostiene que esas tenencias fueron adquiridas antes del ingreso de Adorni a la función pública. De acuerdo con la documentación presentada, las ocho direcciones registraron movimientos entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no tienen saldo. El planteo busca demostrar que se trataba de activos constituidos y posteriormente liquidados varios años antes del período que analiza la investigación.
El escrito señala además que las primeras compras de Bitcoin se realizaron en 2014 y que más del 99% del capital destinado a esas operaciones se concentró en 2017. Según la versión de la defensa, las adquisiciones se hicieron en efectivo y mediante encuentros personales con vendedores, en un momento en que la infraestructura de plataformas de intercambio era diferente de la actual.
Una parte de esos fondos, siempre de acuerdo con la presentación, se habría mantenido en efectivo y posteriormente utilizado para afrontar gastos, inversiones y adquisiciones. La defensa detalló que los ahorros declarados en efectivo pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 al cierre de 2024 y a US$209.961,52 al cierre de 2025. Entre los destinos mencionados figuran gastos vinculados con la vivienda de Indio Cuá, la compra de un inmueble, viajes y cancelación de deudas.
Otro capítulo del descargo está dedicado a las declaraciones juradas rectificativas. La defensa afirma que las correcciones fueron realizadas antes de que Adorni recibiera el requerimiento fiscal y antes de una eventual fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También sostiene que el exfuncionario cumplió con las obligaciones tributarias derivadas de esas modificaciones y que no existen observaciones registradas por el organismo recaudador.
En ese punto, los abogados incorporaron declaraciones anteriores de Adorni en las que reconoció haber cometido un error en la forma de exponer su patrimonio. El exfuncionario había manifestado su disposición a pagar los impuestos, multas e intereses que correspondieran, una postura que la defensa utiliza para sostener que no existió intención de ocultar información patrimonial.
El descargo también aborda los consumos realizados con extensiones de tarjetas de crédito pertenecientes a Adorni. Según la explicación presentada, algunas operaciones fueron efectuadas por familiares, amigos o colaboradores que posteriormente reintegraron los importes. La documentación incorpora testimonios para explicar la modalidad de esas compras y sus respectivos pagos.
Entre los casos analizados figura el de Luis Enrique Aluju, quien habría utilizado una extensión de una tarjeta de Adorni para realizar consumos que luego abonó personalmente. Según la defensa, entre las operaciones hubo compras de teléfonos celulares, lavarropas, televisores y computadoras.
Las obras realizadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá también forman parte de las explicaciones. En este caso, la defensa incorporó documentación técnica y cuestionó algunos de los valores utilizados para reconstruir el costo de los trabajos. Entre las diferencias señaladas figura una de US$40.000 entre una planilla de gastos y el monto atribuido al contratista, además de inconsistencias vinculadas con fechas, comprobantes y materiales.
Respecto del departamento ubicado en la calle Miró, la presentación explica las diferencias entre las valuaciones realizadas por Adorni y su esposa. La defensa vincula una diferencia de $92.625.000 con una obligación asumida por el exfuncionario para pagar US$62.500 por mejoras efectuadas en el inmueble.
Por último, los abogados cuestionaron parte de la evidencia utilizada para asociar determinadas direcciones de criptoactivos con Adorni. La defensa puso en duda la confiabilidad de las herramientas de análisis de blockchain utilizadas durante la investigación y señaló que sus algoritmos no serían públicos ni replicables por peritos de parte. También sostuvo que varias de las direcciones examinadas no fueron atribuidas de manera directa a una única persona.
Con esta presentación, la defensa respondió los 20 puntos planteados por la fiscalía y dejó en manos del juez el análisis de la documentación aportada dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
