El anuncio fue efectuado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Embajada argentina en París, donde se encuentra el embajador Ian Sielecki. El evento tuvo como finalidad atraer inversiones en el marco de la Argentina Week París.
Según la información oficial divulgada, el programa forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para promover la apertura e integración internacional del país. Además, la iniciativa estará sujeta a estrictos estándares de debido proceso, transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El programa incluye dos opciones para la persona solicitante principal: realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o optar por la suscripción de un título público cuyo valor asciende a US$800.000 y fue creado específicamente para este propósito.
Asimismo, podrán presentarse a la solicitud el cónyuge y los hijos del solicitante principal. En el caso de los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años, se requerirá un aporte de US$100.000 al Tesoro. Para los hijos menores de 18 años, el aporte será de US$25.000.
Con base en estas cifras, una familia compuesta por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte total de US$500.000.
Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares pertinentes en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Según el comunicado, los recursos generados se destinarán a fortalecer la posición fiscal y financiera de Argentina.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que contará con la participación de organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El procedimiento de evaluación incluirá varios aspectos, tales como la verificación de la identidad del solicitante, la trazabilidad y legalidad del origen de los fondos, así como un análisis patrimonial y financiero. También se considerará el riesgo jurisdiccional, se revisarán antecedentes penales y reputacionales, y se examinará el historial migratorio de los solicitantes.
Una vez completada la evaluación, la Agencia remitirá su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será la encargada de aprobar o rechazar cada solicitud.
