El mecanismo comienza cuando la entidad bancaria provisiona el 100% del crédito impago. Luego, el área comercial transfiere la cartera a una empresa encargada de gestionar la recuperación de las deudas. A partir de ese momento, las posibilidades de cobro dependen de distintos factores, entre ellos la ejecutabilidad del título, la existencia de pagarés firmados, la posibilidad de embargar cuentas sueldo, la presencia de codeudores, el nivel de contacto disponible con el deudor y su ubicación geográfica.
La estrategia también varía según el lugar donde se encuentre la persona endeudada. No es igual gestionar el cobro de un deudor ubicado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o en un gran centro urbano que hacerlo en zonas con mayor informalidad laboral y mayores distancias. Para las empresas que adquieren estas carteras, el objetivo es multiplicar la inversión: comprar deudas por alrededor del 5% de su valor y recuperar cerca del 15%.
La banca pública, a diferencia de la privada, no participa de este tipo de ventas de carteras.
Un caso mencionado en el ámbito financiero permite observar una situación particular. Un cliente con un historial de pagos puntuales y una excelente calificación crediticia falleció y, posteriormente, sus familiares recibieron un reclamo por el saldo pendiente de su tarjeta de crédito.
Ante esa situación, los familiares se acercaron a la sucursal bancaria para consultar por la deuda. Allí descubrieron que, en realidad, no existía ningún saldo pendiente: la tarjeta contaba con un seguro de vida asociado que cubría la deuda tras el fallecimiento del titular.
De esta manera, pese al reclamo recibido, los familiares no debían afrontar el pago del saldo de la tarjeta.
