La presentación, respaldada por los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga, fue dirigida a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y señala al directorio de Bioceres SA, liderado por su presidente Marcelo Carrique y Federico Trucco, CEO de Bioceres Crop Solutions, así como al auditor externo Guillermo Bosio de Price Waterhouse & Co. y la propia Bioceres SA como entidad.
Los delitos incluidos abarcan presunto lavado de activos, administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta. La denuncia reitera que la competencia debe ser federal, considerando la naturaleza y el alcance transnacional de la acción, así como el lugar donde ocurrieron los hechos, dado que los pagarés fueron emitidos y negociados en el MAV, con sede en Rosario.
El núcleo de la acusación radica en la discrepancia entre la imagen financiera que Bioceres ofrecía al mercado y la realidad de su situación. Según el escrito, al momento de la suscripción por parte de AIR SRL, la evaluación de riesgo se fundamentó en el balance consolidado de Bioceres al 30 de junio de 2023, que mostraba una ganancia superior a 28.800 millones de pesos y reflejaba la fortaleza de un grupo biotecnológico vinculado a una empresa que opera en el Nasdaq.
Sin embargo, este balance consolidado, detalla la denuncia, incluía los resultados de BIOX, una entidad distinta con sus propios acreedores, y no reflejaba las crecientes pérdidas que Bioceres SA había acumulado en sus ejercicios recientes. Se sostiene que este deterioro era conocido por los directivos y se remonta a una reestructuración societaria en 2021, durante la cual Bioceres habría transferido activos significativos, incluidas participaciones en subsidiarias de BIOX, a otras empresas del grupo, recibiendo créditos intercompany a tasas preferenciales. Tal maniobra se describe como un mecanismo para transferir rentabilidad desde la empresa local hacia el resto del conglomerado.
Adicionalmente, se menciona una fianza de aproximadamente 144 millones de dólares que Bioceres habría otorgado como garantía de deudas de otras firmas del grupo, un compromiso que superaba ampliamente su patrimonio neto, el cual, según la acusación, no fue revelado a los inversores durante la emisión de los pagarés.
La denuncia también investiga el destino de los fondos una vez que ingresaron a Bioceres. Según las actas del directorio, los recursos obtenidos no fueron destinados a la emisora, sino a financiar el capital de trabajo o saldar deudas de otras empresas vinculadas, como SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp.
Para los denunciantes, esta circulación de dinero, con implicaciones en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo, configura el lavado de activos, ya que los fondos captados a través de una operación presuntamente fraudulenta fueron utilizados dentro del grupo de manera formalmente lícita, complicando su recuperación para los acreedores que financiaron a la emisora.
Asimismo, cuestiona un movimiento contable registrado en el balance individual de Bioceres al 30 de junio de 2025, que fue firmado por Price Waterhouse absteniéndose de emitir una opinión. Este movimiento, que implicó la cancelación de créditos intercompany por unos 54,4 millones de dólares a cambio de acciones propias, sugiere que podría haber sido realizado posteriormente, lo que abriría la posibilidad de que se intentara dar la falsa impresión de regularidad a una maniobra que agravó la situación patrimonial disponible para los acreedores.
El resultado de este proceso se traduce en la quiebra de Bioceres SA, decretada a inicios de marzo por el Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación de Rosario, bajo la responsabilidad del juez Fernando Mécoli, quien estimó un patrimonio neto negativo de aproximadamente 110 millones de dólares. El magistrado consideró que las condiciones eran adecuadas para abrir el proceso, que, tal como señaló en su resolución, requerirá un análisis riguroso de la compleja ingeniería societaria y financiera delineada por la propia entidad en quiebra.
La denuncia afirma que el autopedido de quiebra no fue un hecho aislado ni el simple resultado de una mala gestión, sino la culminación de un proceso previo en el que Bioceres habría sido despojada de activos generadores de caja, utilizando estos fondos para captar capital en el mercado local y, finalmente, perdiendo esos mismos recursos.
Los denunciantes subrayan la disparidad entre la situación de los acreedores locales, como AIR SRL, atrapados en un proceso falencial con activos insuficientes, y la desconsolidación de Bioceres SA, Bioceres LLC y THEO I SCSp, que habría permitido a Moolec Science —la empresa que asumió el control del grupo tras la salida de Trucco y Manuel Sobrado del directorio— obtener una ganancia contable de cerca de 100,8 millones de dólares.
Desde Bioceres, que se encuentra en quiebra, optaron por no emitir una respuesta a la denuncia, señalando que están sometidos a un proceso judicial. Por otro lado, voceros vinculados a Trucco declararon que la denuncia penal refleja “una serie de maniobras extorsivas que se han sufrido en los últimos meses, con la intención de buscar un arreglo económico fuera del proceso judicial en Santa Fe”. Además, enfatizaron que se tomó la decisión deliberada de construir un delito federal como el lavado para eludir la jurisdicción provincial.
En este contexto, exdirectores y fundadores de Bioceres resaltaron que los problemas de default y quiebra no fueron inevitables y fueron parte de una estrategia del nuevo accionista controlante, que reportó ganancias en Wall Street por casi 100 millones de dólares durante el mismo proceso de quiebra.
Afirmaron que existían y existen activos en otras sociedades del grupo que generaban considerables ingresos, tanto en el país como en el exterior, y manifestaron su confianza en representar adecuadamente los intereses de los accionistas y acreedores de Bioceres.
