La normativa busca unificar los mecanismos para el cobro de los servicios de salud y establece una diferenciación entre los extranjeros con residencia permanente y quienes se encuentran en tránsito o tienen una situación migratoria irregular.
Según el nuevo esquema, las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud y realizar el pago previo para acceder a tratamientos médicos o a la atención sanitaria habitual en los hospitales alcanzados por la medida.
En cambio, quienes tengan residencia permanente mantendrán las mismas condiciones de acceso al sistema público de salud que los ciudadanos argentinos.
Para instrumentar el nuevo sistema, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y el Ministerio de Salud establecieron dos mecanismos administrativos. Uno contempla el recupero de los costos a través de las coberturas de salud que correspondan al paciente, mientras que el otro prevé el cobro directo a aquellas personas extranjeras que no cuenten con ningún tipo de cobertura.
La resolución también establece una excepción para las situaciones de emergencia. En esos casos, ningún extranjero podrá recibir una negativa o una limitación en la asistencia sanitaria por su condición migratoria o por no contar con capacidad de pago en ese momento.
La medida, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, entra en vigencia de manera inmediata. El objetivo planteado por el Gobierno es optimizar los recursos del sistema sanitario público y establecer que el financiamiento de la atención habitual quede a cargo de quienes no realizan aportes permanentes al sistema local
