La medida quedó establecida mediante el decreto 1285, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial.
Como parte del financiamiento, el organismo multilateral aprobó un primer desembolso de US$750 millones para el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial. La operación se enmarca en una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por un total de US$1.500 millones, aprobada por el directorio ejecutivo del BID en septiembre.
El préstamo tendrá un plazo de desembolso de cuatro años y un período de devolución de 25 años, con cinco años de gracia. La tasa de interés estará vinculada a la SOFR, una tasa de referencia utilizada en operaciones financieras internacionales.
El programa prevé la participación de hasta 15 provincias, que podrán acceder a transferencias sujetas al cumplimiento de metas específicas. Los incentivos económicos estarán vinculados con la aplicación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar los ingresos tributarios propios de cada jurisdicción.
Entre los principales compromisos se encuentra el fortalecimiento de los controles sobre el gasto en personal. Para ello, los gobiernos provinciales deberán implementar sistemas centralizados de gestión de nóminas y herramientas que permitan detectar y reducir ineficiencias en la administración de los recursos humanos.
La iniciativa también contempla medidas para reducir los déficits operativos de las empresas estatales y mejorar la supervisión de los sistemas de pago de pensiones. El objetivo es avanzar en una administración más eficiente de los recursos públicos y mejorar el control sobre las erogaciones provinciales.
En materia de ingresos, las jurisdicciones participantes deberán modernizar sus registros de contribuyentes para ampliar la base tributaria provincial y vinculada con los bienes. El programa también apunta a incrementar la transparencia fiscal y facilitar el cumplimiento de los requerimientos de información establecidos por el Tesoro Nacional.
El financiamiento se inscribe en las prioridades de la estrategia del Grupo BID para Argentina durante el período 2025-2028, que incluye el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la mejora de la eficiencia del gasto público. La ejecución del programa quedará vinculada al cumplimiento de los objetivos establecidos para las provincias que adhieran a la iniciativa.
