La medida quedó establecida mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a las personas desde los 14 años hasta cumplir los 18. El Ministerio de Justicia será el organismo responsable de implementar el régimen en el ámbito nacional y federal, además de coordinar mecanismos de seguimiento de los jóvenes, asistencia a las víctimas y articulación con las provincias.
Aunque la normativa comenzó a regir desde la medianoche del sábado, la publicación del decreto se concretó durante la madrugada de este lunes.
El nuevo régimen había sido sancionado por el Senado en febrero de 2026, a partir de una iniciativa impulsada por el Gobierno. La ley reemplazó el límite anterior de 16 años y establece la posibilidad de aplicar penas de prisión a adolescentes que cometan delitos graves, especialmente aquellos que involucren violencia o provoquen la muerte de una persona. La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La normativa establece un sistema de sanciones que permite a los jueces determinar la medida correspondiente de acuerdo con la gravedad de cada delito. Entre las alternativas se encuentran las amonestaciones, el monitoreo electrónico y otras medidas restrictivas.
También se incorporaron sanciones como la prohibición de salir del país y la realización de tareas comunitarias para determinados delitos con penas de hasta tres años de prisión. El régimen contempla además delitos con escalas de hasta 11 años, siempre que no hayan provocado la muerte ni lesiones graves a la víctima.
En cuanto a la privación de la libertad, el límite máximo quedó establecido en 15 años, incluso cuando la acumulación de delitos o las escalas penales correspondientes pudieran determinar una pena superior. El encarcelamiento efectivo quedará reservado para los casos considerados de mayor gravedad, entre ellos homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales y robos cometidos con violencia.
El esquema también contempla delitos con penas de hasta 10 años de prisión, siempre que no hayan causado la muerte o lesiones graves.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de un régimen especializado en el que se encuentran contempladas las garantías procesales y el debido proceso.
Desde la oposición, Lucía Corpacci cuestionó la reforma y planteó que la sanción de la norma sirve para desviar la atención de los problemas sociales que atraviesa el país.
En tanto, Carolina Losada respaldó la reducción de la edad de punibilidad y cuestionó que se subestime la capacidad de los adolescentes para comprender las consecuencias de sus actos. En ese sentido, sostuvo que no puede afirmarse que un joven de 15 años carezca de responsabilidad sobre las conductas delictivas que comete.
