El ‘shutdown’ propuesto por Milei y sus desafíos fiscales para 2027

El año 2027 se presenta como un periodo complicado en términos fiscales. A la meta de superávit establecida por el FMI se suma la intención del Gobierno de suspender la actividad gubernamental una vez que se agote el Presupuesto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada su intención de implementar un mecanismo similar al “shutdown” que ocurre en Estados Unidos, es decir, el cierre de la administración pública si no se cuenta con presupuesto aprobado. En el caso norteamericano, este cierre se activa cuando el Congreso no ratifica la ley que define los gastos para el nuevo año; sin embargo, la propuesta argentina presenta características distintas. Milei planteó que pretende legislar una norma que interrumpa las funciones del Poder Ejecutivo si el Presupuesto del año en curso se agota. A diferencia del sistema estadounidense, donde el cierre afecta a todas las actividades no esenciales y a partidas que carecen de legislación específica para su financiamiento, en Argentina existen partidas, como las jubilaciones, que cuentan con normativas que aseguran su financiación. Mientras algunas actividades continúan, el pago de salarios y proveedores dependería de la aprobación del nuevo presupuesto, lo que podría provocar retrasos en cobros. Los empleados de sectores no esenciales podrían ser suspendidos o se les otorgaría vacaciones hasta nuevo aviso. Aunque la duración de estos cierres suele ser breve, el shutdown más reciente en Estados Unidos se prolongó por 44 días, afectando diversos servicios públicos. La estrategia del Gobierno se desarrolla en un contexto financiero complicado, ya que el FMI ha fijado para el próximo año un objetivo de superávit del 2,5% del PBI, que representa una mejora de 1,1 puntos respecto al objetivo de este año. Se prevé un resultado financiero del 0,5% del PBI luego de cubrir intereses de deuda equivalentes al 2% del PBI. El gasto primario tiene que ajustarse al 14,9% del PBI. El escenario se vuelve aún más complejo debido a la disminución de la recaudación observada a lo largo de este año y desde finales de 2025. Según Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, “la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026”. A pesar de que esta caída no proyecta necesariamente el desempeño del año venidero, el Gobierno ha implementado reducciones impositivas que impactarán en el próximo ejercicio fiscal, especialmente en lo que respecta a las retenciones. La disminución más anticipada es la de la soja, que pasará del 24% al 15% en diciembre de 2028, mediante un esquema de reducción gradual que empezará en enero del próximo año. Asimismo, se anunció la baja escalonada de retenciones para otros granos de exportación y productos industriales. El impacto fiscal de estas reducciones se sentirá especialmente en 2027. El ministro de Economía indicó que la reducción de retenciones al agro generará un costo fiscal de u$s 32 millones en 2026, u$s 415 millones en 2027 y u$s 1224 millones en 2028. En cuanto a la industria, la baja del tributo implicará un costo fiscal de u$s 25 millones para 2026 y u$s 115 millones para 2027. Adicionalmente, se implementará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un régimen que redirige aportes que previamente se destinaban a la ANSES para jubilaciones hacia el mercado de capitales, con el objetivo de permitir a los empleadores crear un fondo para posibles despidos. Esta desviación de fondos de la ANSES podría aumentar la presión sobre el Tesoro, dado que las jubilaciones se ajustan según la inflación de meses anteriores, y la entidad no puede ejercer control sobre su pago. Actualmente, las jubilaciones representan aproximadamente la mitad del gasto primario del Estado, con un costo fiscal estimado de u$s 3000 millones al año. El Gobierno espera que la recaudación se recupere gracias a un aumento en la actividad económica. Aunque atribuye la disminución a la reducción de impuestos, las bajas en IVA, aportes a la seguridad social y en el impuesto a las Ganancias son factores que han contribuido significativamente a la caída de ingresos públicos. Así, con un objetivo de superávit exigente y con ingresos tensionados, el Gobierno se ve obligado a priorizar los recortes, los cuales serán indispensables para implementar el “shutdown”.