La iniciativa generó un fuerte contrapunto entre los distintos bloques parlamentarios, con posiciones enfrentadas sobre sus posibles efectos económicos, productivos y vinculados a la soberanía nacional.
Durante el debate, la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, y la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, expusieron sus argumentos a favor y en contra de la propuesta.
El proyecto plantea modificaciones en aspectos relacionados con expropiaciones, desalojos y límites para la compra de tierras. Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica, facilitar inversiones y garantizar la protección de la propiedad privada. Desde sectores opositores advierten que podría generar una mayor concentración de tierras y afectar intereses estratégicos del país.
Márquez, integrante del bloque La Libertad Avanza, sostuvo que la propuesta se basa en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece la protección de la propiedad privada y la necesidad de una sentencia e indemnización previa para privar a una persona de sus bienes.
La senadora afirmó que el proyecto no se limita a la cuestión de las tierras, sino que apunta a reforzar la inviolabilidad de la propiedad y agilizar los procesos de desalojo. Además, consideró que establecer reglas más claras permitiría generar condiciones para atraer inversiones y promover la creación de empleo.
En contraposición, López, de Unión por la Patria, rechazó la iniciativa y advirtió que podría favorecer la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. Según planteó, esto implicaría riesgos para la seguridad nacional y para el acceso a recursos considerados estratégicos.
La senadora mencionó antecedentes en La Rioja vinculados con la venta de tierras que incluían recursos como agua y bienes de uso comunitario, y sostuvo que la modificación normativa podría ampliar la posibilidad de adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros.
También cuestionó el impacto que tendría el proyecto sobre pequeñas y medianas empresas, al considerar que generaría condiciones de competencia desigual entre productores locales e inversores con mayores beneficios impositivos.
En respuesta, Márquez señaló que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que los recursos naturales corresponden a las provincias y aseguró que los bienes de dominio público no pueden ser vendidos. En ese sentido, afirmó que la iniciativa no afectaría la soberanía sobre recursos como el agua o los ríos.
López, en cambio, sostuvo que la soberanía está vinculada al control del territorio y afirmó que una eventual venta masiva de tierras rurales podría generar una situación de vulnerabilidad para el país.
Durante la discusión también se analizaron los posibles efectos económicos del proyecto. Márquez defendió la llegada de inversiones como una herramienta para impulsar el crecimiento y generar empleo, mientras que López cuestionó que la iniciativa establezca obligaciones concretas para quienes adquieran tierras, como inversiones productivas o creación de puestos de trabajo.
La senadora por La Rioja sostuvo que la medida no beneficiaría a los pequeños productores y vinculó sus posibles efectos con dificultades que atraviesan distintos sectores económicos. Además, cuestionó las modificaciones realizadas al texto durante el tratamiento legislativo y señaló que la iniciativa tuvo varios cambios desde la firma del dictamen.
Márquez respondió que la incorporación de modificaciones durante el debate parlamentario está contemplada dentro del funcionamiento del Congreso y que los dictámenes pueden ser ajustados durante el tratamiento en el recinto.
El intercambio también incluyó cuestionamientos cruzados sobre el funcionamiento legislativo y las negociaciones políticas. Mientras López criticó los acuerdos impulsados por el oficialismo, Márquez cuestionó la falta de consenso por parte de sectores opositores.
El proyecto será tratado este jueves en el Senado, donde el Gobierno nacional busca avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda legislativa
