Al inicio de la audiencia, el juez Enrique Méndez Signori informó que la Policía Federal había identificado a dos de los testigos como integrantes del cuerpo de Inteligencia. Ante esta situación, el Tribunal resolvió suspender la transmisión de la audiencia y dispuso que el público abandonara la sala durante sus declaraciones. Solo permanecieron los abogados de las partes.
La transmisión ya había sido interrumpida en una audiencia anterior, aunque en aquella oportunidad el público pudo permanecer dentro de la sala. La medida había respondido al riesgo de que durante la exposición se difundieran datos personales vinculados con los números telefónicos de los imputados.
El primer testigo de la jornada fue Pablo Anriquez, subcomisario de la Policía Federal que participó en el inicio de la investigación sobre el entrecruzamiento de llamadas. Según explicó, la información suele recibirse mediante archivos en formato Excel o PDF que contienen listados de comunicaciones.
Anriquez aclaró que no fue quien realizó los análisis más específicos sobre esos datos, sino que esa tarea quedó a cargo de otros integrantes de la fuerza que también declararon durante la audiencia. “No recuerdo cómo llegó el material”, sostuvo al referirse al origen de la documentación.
El resguardo de la información ya había sido planteado durante las audiencias anteriores. Las partes habían solicitado medidas para evitar la exposición de números telefónicos y otros datos personales pertenecientes tanto a los imputados como a personas ajenas al proceso.
La fiscal Fabiana León consideró “muy correcta” la decisión de proteger esa información, aunque cuestionó que se impidiera completamente el acceso del público durante las declaraciones. Según planteó, el objetivo debía ser evitar la divulgación de números telefónicos de personas que no tienen relación con la causa. Por ese motivo, cuando declararon testigos que no pertenecían al cuerpo de Inteligencia, el público pudo permanecer en el auditorio.
El juicio continúa así con la revisión de distintos documentos incorporados al expediente. En las últimas semanas, las audiencias también estuvieron dedicadas a los allanamientos y a las actas de vuelo de la flota presidencial.
La semana pasada se exhibieron videos correspondientes a allanamientos realizados en domicilios de la familia Kirchner en Santa Cruz, entre ellos imágenes de un acceso restringido en El Calafate y de un sector identificado como bóveda.
Previamente, el 17 de septiembre se habían difundido videos del allanamiento realizado en el domicilio de Recoleta donde residió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a la presentación de la totalidad del material, pero luego de deliberar, los jueces resolvieron autorizar su exhibición.
