Durante su exposición, el funcionario se refirió al Sistema Vial Integrado (Sisvial), que recaudó $1,503 billones en los últimos dos años y medio. Según detalló, el Poder Ejecutivo utilizó apenas el 26% de esos recursos en obras de infraestructura vial, mientras que el resto permanece colocado en plazos fijos y títulos públicos.
Katopodis sostuvo que el dinero recaudado a través del impuesto a los combustibles debería utilizarse para el mantenimiento y la recuperación de las rutas nacionales y cuestionó que esos recursos sean destinados a sostener el equilibrio fiscal. “La plata en bonos no les sirve a los argentinos”, afirmó.
El ministro también advirtió sobre la posible implementación de un sistema de peajes que, según planteó, podría generar un doble pago por parte de los usuarios: primero mediante el impuesto a los combustibles y luego a través del cobro por circular en las rutas.
La exposición se produjo durante una reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Aveiro, que analizó distintas iniciativas relacionadas con la utilización de los fondos del Sisvial y pedidos de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo.
Katopodis afirmó que existe un reclamo generalizado de gobernadores e intendentes por el estado de las rutas nacionales y señaló que la distribución del impuesto a los combustibles se mantuvo históricamente bajo distintos gobiernos. En ese sentido, anticipó que volverá a impulsar junto con varios gobernadores una propuesta para modificar la distribución de esos recursos.
La iniciativa plantea elevar del 10,4% al 57,02% la participación de las provincias en el impuesto a los combustibles y reducir al 14,29% la proporción correspondiente al Tesoro nacional. El objetivo es incorporar también recursos provenientes de antiguos fideicomisos. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado, pero permanece sin tratamiento en la Cámara de Diputados.
El funcionario también cuestionó la paralización de obras financiadas mediante créditos de organismos internacionales y señaló que existe una subejecución de esos fondos.
Además, expresó preocupación por la situación del fondo hídrico, que también depende del Sisvial. Ante las previsiones de un año con influencia del fenómeno de El Niño y un posible incremento de las precipitaciones, advirtió que la falta de recursos podría afectar las obras necesarias para prevenir inundaciones.
Durante la reunión también expusieron representantes de trabajadores de Vialidad Nacional, quienes cuestionaron la evolución del presupuesto del organismo y el estado de la infraestructura.
Una de las representantes señaló que desde 2017 el presupuesto de Vialidad Nacional cayó un 84% en términos reales y detalló que en mayo de este año una resolución administrativa redujo de $395.000 millones a $286.000 millones los recursos destinados a obras viales.
Según explicó, actualmente existen pocas obras en ejecución debido a la falta de pagos y fueron suspendidos programas vinculados con rutas seguras y con la construcción y mantenimiento de puentes y alcantarillas, cuya infraestructura presenta un alto nivel de deterioro. También señaló que se produjeron unas 1.300 desvinculaciones de trabajadores con perfiles técnicos.
La representante sostuvo además que la ampliación presupuestaria no permitió financiar nuevos kilómetros de rutas y que los recursos fueron utilizados para afrontar deudas de Vialidad o de la ANSES.
En relación con el impuesto a los combustibles, explicó que actualmente el 10,4% se destina a las provincias, otro 10,4% al Tesoro nacional, el 29% a la ANSES y otro 29% al Sisvial, cuyos recursos se distribuyen entre el sistema ferroviario y Vialidad.
Otra representante de los trabajadores de Vialidad Nacional se refirió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cuestionó que recursos que deberían destinarse a ese organismo sean utilizados para sostener el superávit fiscal.
Según sus datos, durante 2025 la recaudación correspondiente al 1% de las primas de seguros alcanzó $81.921,890 millones, mientras que solo se giraron $62.380 millones, lo que representaría una subejecución del 76%. También afirmó que el organismo atraviesa dificultades operativas y señaló que ni siquiera cuenta con la verificación técnica vehicular al día.
Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz informó que la Justicia Federal habilitó un amparo colectivo para reclamar al Estado nacional la reactivación de las obras y del mantenimiento de la red vial de la provincia de Buenos Aires.
La legisladora sostuvo que los recursos actualmente inmovilizados alcanzarían, según su estimación, para recuperar unos 20.000 kilómetros de rutas. También cuestionó la ausencia de diputados de algunos bloques durante la reunión de la comisión.
El encuentro contó con la participación de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y MID, además de intendentes y especialistas vinculados con la seguridad vial, quienes expusieron sobre el estado de las rutas y la situación de la infraestructura vial.
