La investigación se desarrolla en una causa por presunta administración fraudulenta vinculada con un contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, encargada de administrar aportes de afiliados del gremio. El acuerdo contemplaba una ganancia equivalente al 0,5% de los fondos administrados. La Justicia busca determinar, entre otros aspectos, qué participación tuvo Calle en la creación y funcionamiento de la empresa y si existió una eventual superposición de intereses.
Ercolini ordenó medidas sobre Calle, el titular de la UOM, Abel Furlán, la organización sindical, USEM y otros integrantes de la firma. El objetivo es reconstruir sus relaciones laborales, movimientos patrimoniales, viajes al exterior y eventuales operaciones financieras.
Entre las medidas, el juez pidió a la ARCA que informe si Calle tuvo o tiene una relación laboral como empleada de la UOMRA y, en caso afirmativo, que detalle los períodos correspondientes.
Tras levantar el secreto fiscal, Ercolini solicitó las declaraciones juradas de Calle y Furlán correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025. El período coincide con los años transcurridos desde la creación de USEM.
La investigación también comprende propiedades. El magistrado requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires el historial completo del departamento ubicado en San José 1111, adquirido por Calle en agosto de 2025 por US$189.000.
En cambio, Ercolini rechazó por el momento el pedido de allanamiento formulado por la querella en el expediente.
Los vehículos también quedaron bajo análisis. La Justicia solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sobre los vehículos vinculados con Calle y sobre una serie de automóviles adquiridos durante 2025 por la UOMRA. Entre ellos figuran una Jeep Compass, un Peugeot 2008, dos Renault Kangoo, un Toyota Corolla Cross, un Fiat Fastback, una Ford Territory y un Volkswagen Taos Highline.
El pedido incluye además información sobre cualquier otro vehículo adquirido desde 2022. A su vez, Ercolini solicitó a la Prefectura Naval Argentina datos sobre eventuales embarcaciones registradas desde ese año a nombre de Abel Furlán, María Soledad Calle, Adalberto R. Braconi y Osvaldo Lobato, ya sea como titulares o cotitulares.
Braconi figura como socio de Calle en USEM y aparece en documentación relacionada con el acuerdo firmado con la UOM en 2023 y en resúmenes bancarios. También registra antecedentes laborales en la Municipalidad de Zárate y en Nucleoeléctrica Argentina.
La investigación patrimonial se extiende además a Grupo Vértice, una segunda empresa creada por Calle. La Unidad de Información Financiera deberá informar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con Calle, Furlán, USEM y Grupo Vértice.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Valores deberá aportar información sobre las cuentas comitentes de los investigados. La Anses, en tanto, fue requerida para remitir la información laboral registrada desde 2022 hasta la actualidad, incluyendo empleadores, fechas de alta y baja, remuneraciones y otros antecedentes disponibles.
El juez también pidió a la Dirección Nacional de Migraciones los movimientos migratorios de Furlán, Calle y otros involucrados en la causa.
Según los registros incorporados al expediente, Calle realizó once viajes al exterior durante 2023 y doce en 2024 y 2025. Los destinos mencionados incluyen Uruguay, México, Francia, Brasil, Países Bajos, Italia y Sudáfrica. A fines de 2022, la dirigente fue designada presidenta de la federación sindical internacional IndustriALL y parte de esos viajes estuvieron vinculados con esa actividad.
Las medidas dispuestas por Ercolini apuntan a reconstruir el patrimonio, los ingresos, las relaciones laborales y los movimientos financieros de los investigados desde 2022, así como a determinar las circunstancias vinculadas con la creación y funcionamiento de USEM.
