El nombre de López Zavaleta, actual fiscal general interino, fue propuesto en junio por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, luego de la salida de Juan Bautista Mahiques, quien pasó a desempeñarse en el Ministerio de Justicia de la Nación. El candidato completó las instancias previstas por la normativa, entre ellas la presentación de antecedentes y la audiencia pública correspondiente, sin recibir impugnaciones.
Durante su exposición ante la Junta de Ética y Acuerdos, encabezada por Matías Lammens, López Zavaleta presentó durante aproximadamente media hora los principales lineamientos que pretende aplicar al frente del Ministerio Público. Planteó como objetivo una administración “eficiente, rápida, cercana a las víctimas y respetuosa de las garantías constitucionales” y estructuró su propuesta en seis ejes. Entre ellos, destacó como prioridad “garantizar el acceso a la Justicia de manera real”.
El acuerdo político alcanzado entre distintos sectores permitiría que el pliego reúna los dos tercios de los votos requeridos para su aprobación. El entendimiento involucra a Vamos por Más, integrado por el PRO y la Coalición Cívica, Fuerza Buenos Aires y La Libertad Avanza.
La sesión también contempla el tratamiento de la continuidad de María Rosa Muiños al frente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Su mandato finaliza a fines de 2026 y busca ser renovado por otros cuatro años. Muiños llegó a la conducción del organismo en 2021, luego de haber desarrollado allí distintas funciones y de haber tenido previamente una etapa como legisladora porteña.
El oficialismo y sectores de la oposición también avanzaron en un acuerdo para su continuidad, aunque todavía resta definir quiénes ocuparán los cinco cargos de defensores adjuntos. La distribución de esos lugares continúa en negociación entre distintos espacios políticos y podría resolverse poco antes de la sesión.
En paralelo, la Legislatura tendrá una sesión ordinaria en la que se debatirá, entre otras iniciativas, el proyecto que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en los jardines de infantes porteños. La propuesta fue impulsada por la presidenta del bloque UCR-Ciudadanos Unidos, Manuela Thourte, y cuenta con el respaldo de legisladores del peronismo, el PRO, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda.
El proyecto parte de la caída sostenida de la natalidad registrada en la Ciudad durante la última década. Entre 2014 y 2024, los nacimientos se redujeron un 50%, según los fundamentos de la iniciativa.
Actualmente, la asistencia a la sala de 3 años es optativa, aunque registra niveles elevados. El objetivo de la propuesta es establecer su obligatoriedad y aprovechar la disponibilidad de infraestructura para ampliar progresivamente la cobertura del nivel inicial.
El dictamen de mayoría señala que la asistencia escolar de los niños de 4 y 5 años se mantuvo cercana al 100% en los últimos años. Para los niños de 3 años, en tanto, la asistencia alcanzó el 88% según el Censo 2022, mientras que la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad registró en 2024 una asistencia del 91,2% a jardines o centros de primera infancia.
Los impulsores de la medida consideran que la obligatoriedad de la sala de 3 años permitiría avanzar en la equidad educativa y mejorar las condiciones de cuidado, además de favorecer la inserción laboral de las familias y las políticas de igualdad de oportunidades desde los primeros años.
En caso de ser aprobada, la nueva normativa comenzaría a aplicarse durante el ciclo lectivo 2027. El Ejecutivo porteño tendría dos años para adecuar progresivamente la oferta y avanzar en la incorporación al sistema educativo oficial de los niños que actualmente concurren a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines.
La administración porteña también deberá garantizar la inclusión y continuidad de la asistencia de los niños de 3 años, ampliar progresivamente la oferta para edades anteriores y priorizar los sectores donde los niveles de asistencia son más bajos. El proyecto contempla además una expansión gradual de servicios con doble jornada y modalidades de asistencia flexible.
El debate se produce mientras el Ministerio de Educación porteño lleva adelante una reorganización de grados y una fusión de cursos como consecuencia de la disminución de las matrículas, un escenario que también tiene impacto sobre el trabajo docente.
Por último, la Legislatura analizará una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias para modificar la Ley N° 342 y permitir la reutilización con fines públicos de vehículos abandonados en las calles de la Ciudad.
La legislación vigente establece un procedimiento específico para estos vehículos, considerados potencialmente riesgosos para la salud pública, la seguridad y el ambiente. La modificación propuesta permitiría que aquellos vehículos recuperados que todavía puedan ser utilizados, o sus partes aprovechables, sean destinados según su estado y las necesidades establecidas por el Gobierno porteño a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones u otros fines de interés general.
Loupias sostuvo que un vehículo abandonado no necesariamente debe ser considerado únicamente como chatarra y planteó la posibilidad de recuperar aquellos que todavía puedan prestar algún servicio a la sociedad. La iniciativa cuenta con perspectivas favorables para su aprobación.
