LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof y las autoridades de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires mantuvieron silencio tras la liberación de Julio Rigau, detenido el 9 de septiembre, con 1.260.000 pesos y 49 tarjetas de débito correspondientes a empleados de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Legislatura, Federico Otermin (Unión por la Patria), mano derecha de Martín Insaurralde y en carrera por la intendencia de Lomas de Zamora, no dijo una palabra sobre el tema.
Tampoco contestaron los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio) y Carlos Moreno (Unión por la Patria). Sí lo hizo el otro vicepresidente, Rubén Eslaiman (Unión por la Patria- Frente Renovador). “Le solicité al secretario administrativo de la Cámara que saque una resolución informando a los empleados que las tarjetas de débito son intransferibles, que no las pueden dar a amigos ni compañeros de trabajo para que le retiren dinero de los cajeros, que como todos deben ir y hacer la cola. Y se informe a los presidentes de los bloques para que informen a sus diputados”.
Tampoco se presentaron ante la Justicia el secretario administrativo ni el director de Personal de la Cámara de Diputados. La nulidad de todo lo actuado por los policías Walter Campano y Leonardo Brizuela llevó alivio a todo un sistema que espera que no prospere una apelación para reabrir una causa de alto impacto político.
En tanto, la fiscal Lacky espera que el fiscal de Cámara Hector Vogliolo apele ante la Cámara de Casación y que tras el sorteo de rutina, el órgano revisor disponga la reapertura del expediente.
Benavides, el camarista que redactó el voto para la liberación de Julio Rigau, fue nombrado durante la administración de Axel Kicillof, a propuesta de un operador judicial de La Plata que vincula al peronismo con el Frente Renovador.
Villordo, que adhirió al voto de Benavides, tiene más de una década en la Justicia, pero fue nombrado camarista penal durante otro gobierno peronista: el de Daniel Scioli.
La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. En los pasillos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 aún se preguntan si el fiscal de Estado, Hernán Gómez, se presentará mediante sus abogados querellantes ante la Cámara de Apelaciones para que se vuelva a investigar si existió una defraudación múltiple al fisco provincial.
