El juez federal Martín Cormick estableció una multa de $100.000 diarios contra Santilli por no actualizar los salarios de docentes y no docentes y no garantizar el fondo de becas previsto en la ley aprobada por el Congreso. La resolución respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio.
Desde el oficialismo adelantaron que apelarán la sanción y cuestionaron la actuación del magistrado. Entre sus críticas, señalaron supuestos vínculos de Cormick con el kirchnerismo y La Cámpora, y recordaron decisiones judiciales anteriores contrarias a medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.
El Ejecutivo había solicitado que la apelación tuviera efecto suspensivo, de modo que no debiera afrontar los costos de la sanción hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, el juez rechazó ese pedido.
La administración nacional sostiene que ya implementó aumentos salariales significativos para el sector universitario. Según sus cifras, desde diciembre de 2023 los incrementos acumulados alcanzaron el 226,80%, incluido un aumento del 21,33% aplicado en junio. El Gobierno considera que esa evolución responde a lo exigido por la cautelar y advierte que no puede asumir mayores gastos sin comprometer el equilibrio fiscal.
En paralelo, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, evalúa recurrir la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025. Esa disposición había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara las partidas presupuestarias correspondientes. Por el momento, no se presentó una apelación y la estrategia continúa bajo análisis.
En el ámbito universitario, la multa fue recibida como una señal relevante dentro del conflicto judicial. Desde una de las casas de estudio señalaron que la decisión podría impulsar al Gobierno a reconsiderar su postura y advirtieron que, si persiste el incumplimiento, la sanción podría ampliarse e involucrar a otros funcionarios.
Franco Bartolacci, presidente del CIN e impulsor de la demanda, calificó la resolución como un antecedente importante para el proceso judicial. Explicó que el organismo había advertido sobre el vencimiento del plazo para cumplir la norma y solicitó la aplicación de multas ante la falta de avances. También destacó que la sanción recayera sobre una autoridad identificada como responsable, en lugar de dirigirse de manera genérica contra el Estado.
La disputa se produce en la antesala de una nueva marcha universitaria convocada para el jueves. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno respeta la libertad de expresión, aunque pidió que la movilización se desarrolle de manera pacífica.
Ravier también cuestionó episodios de violencia registrados en la Secretaría de Educación y defendió la política salarial del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Según sostuvo, el Ejecutivo realizó esfuerzos significativos para mejorar los ingresos docentes.
El funcionario reiteró que el Gobierno no recurrirá a la emisión monetaria ni al endeudamiento y que administrará los recursos disponibles a partir de la recaudación impositiva. Además, cuestionó a las gestiones anteriores por su desempeño en materia educativa y puso en duda si la movilización responde exclusivamente a reclamos por la educación o también a motivaciones políticas.
La marcha y las apelaciones previstas se desarrollan en medio de una disputa que combina el financiamiento de las universidades, la actualización salarial y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias reclaman que se aplique la ley sancionada por el Congreso.
