El borrador que circula actualmente contempla la posibilidad de establecer un límite del 25% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. De confirmarse esta modificación, el Ejecutivo dejaría atrás la propuesta inicial de eliminar por completo las restricciones previstas en la normativa vigente.
Sin embargo, las negociaciones todavía no están cerradas, tanto en relación con el porcentaje definitivo como con la cantidad de votos disponibles para aprobar la iniciativa. Dentro del oficialismo reconocen que la búsqueda de consensos continúa siendo compleja.
Los cambios serán presentados este martes durante una conferencia en el Senado encabezada por la presidenta del bloque oficialista, junto con integrantes de las comisiones vinculadas al tratamiento del proyecto.
Hasta el momento, el oficialismo contabiliza 35 apoyos sobre un total de 72 senadores, una cantidad que no garantiza la aprobación si todos los legisladores participan de la sesión.
El respaldo incluye a los integrantes del bloque oficialista, representantes del PRO y parte del bloque radical, además de algunos senadores provinciales. También se suman apoyos individuales de legisladores de distintas provincias.
En la vereda opuesta se ubican 34 senadores, entre ellos integrantes del principal bloque opositor, algunos representantes radicales, legisladores provinciales y sectores independientes. De esta manera, el resultado podría quedar definido por un grupo reducido de senadores que todavía no fijaron una postura definitiva.
La posición de los representantes de Misiones es seguida con especial atención por el oficialismo, debido a las dificultades que tuvo anteriormente para reunir el quórum necesario para avanzar con el tratamiento del proyecto.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales fue el principal obstáculo para la aprobación de la iniciativa antes del receso legislativo. El proyecto también contempla cambios vinculados a los procedimientos de desalojo y a la normativa sobre manejo del fuego, aunque el debate por el acceso de compradores extranjeros a tierras argentinas concentró la mayor resistencia.
La propuesta original impulsada por el Gobierno planteaba eliminar las restricciones establecidas por la Ley 26.737. Frente a la falta de respaldo suficiente, el oficialismo comenzó a evaluar una alternativa intermedia con un nuevo límite.
La posibilidad de fijar un máximo del 25% busca acercar posiciones con sectores que rechazaban la eliminación total de las restricciones, pero que estaban dispuestos a discutir una ampliación del porcentaje actual.
Otro punto de negociación está relacionado con el papel de las provincias en la aplicación de la norma. Algunos sectores plantearon que las jurisdicciones puedan establecer condiciones adicionales dentro de sus territorios.
Esta cuestión generó diferencias dentro del oficialismo. Desde sectores vinculados a la elaboración del proyecto advirtieron que otorgar mayores facultades provinciales podría derivar en distintos criterios de aplicación según cada jurisdicción. En cambio, otros sectores sostienen que las provincias ya cuentan con competencias sobre la materia y que la modificación no alteraría el objetivo central de la iniciativa.
El tratamiento del proyecto estaba previsto antes del receso invernal, pero fue postergado por la falta de acuerdo entre el oficialismo y sus aliados. Posteriormente, el Senado decidió trasladar la discusión al 6 de agosto, luego de una votación mayoritaria para reprogramar el debate.
La demora expuso diferencias internas sobre la versión final del proyecto y sobre las modificaciones necesarias para conseguir respaldo parlamentario.
Con la sesión próxima a realizarse, el oficialismo buscará nuevamente avanzar con la media sanción. La modificación del límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros aparece como el principal punto de negociación, mientras que el resultado dependerá de la definición de un pequeño grupo de senadores que aún no confirmó su voto.
