Este conflicto se encuentra en el ámbito judicial desde hace más de un año. La controversia se intensificó tras la publicación de la resolución 28/2026 por parte de la Secretaría de Transporte, que dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas que proporcionan boletos gratuitos a quienes están incluidos por las leyes sobre discapacidad, trasplantes y oncopediatría.
Los representantes del sector empresarial afirman que esta decisión se tomó en medio de una disputa legal activa y en un contexto de falta de cumplimiento por parte del Estado nacional. En un comunicado, señalaron que las empresas han seguido garantizando el beneficio de los pasajes gratuitos a pesar de que el Gobierno no ha realizado pagos de compensación durante más de un año.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, manifestaron desde CELADI.
Según indican las empresas, el último pago que recibieron data de noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda ha crecido mensualmente, mientras continúan ofreciendo más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.
El conflicto escaló el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de la deuda por $8.753 millones, correspondiente al periodo entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
