El presidente de la Corte, el ministro Luis Felipe Salomão, firmó la resolución, en la que determinó que el consorcio compuesto por Flamengo y Fluminense —la empresa Fla-Flu Serviços S.A.— no tenía la legitimidad necesaria para pedir la suspensión del fallo anterior emitido por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. En su fundamentación, el juez explicó que “el asunto debatido no refleja un interés directo e inmediato de la Administración Pública o de la colectividad”, resaltando que la empresa que explota económicamente el complejo deportivo no actúa como concesionaria de un servicio público en los términos que la legislación requiere para habilitar esa vía excepcional de recurso.
La situación se había transformado en un extenso proceso judicial. Este conflicto comenzó cuando Vasco alcanzó las semifinales del torneo continental tras eliminar a Independiente Santa Fe en cuartos de final. El estadio del club cruzmaltino, el São Januário, no cumple con los requisitos de capacidad establecidos por la Conmebol, que exigen un aforo mínimo de 30.000 espectadores —su capacidad real es de aproximadamente 20.000—, lo que forzó a la búsqueda de una alternativa. El Maracaná era la opción más lógica, pero Flamengo y Fluminense, que administran el estadio a través de su consorcio, se negaron a cederlo, argumentando la necesidad de conservar el estado del césped.
Ante esta negativa, Vasco recurrió a la justicia carioca y obtuvo un fallo inicial que le garantizaba el uso del estadio. Sin embargo, el consorcio respondió exitosamente el sábado anterior, cuando la jueza Suely Lopes Magalhães acogió sus alegaciones y revocó la medida. La magistrada justificó su decisión al mencionar riesgos de seguridad debido a un partido de baloncesto programado entre Flamengo y Botafogo en el Maracanãzinho para el mismo martes, parte del mismo complejo deportivo.
Fue entonces cuando los equipos legales de la SAF y del club asociativo de Vasco se unieron, con la participación de Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General del club. Su estrategia consistió en sostener que no se puede comparar una semifinal continental con un partido de baloncesto y acusaron al consorcio de actuar de mala fe. El juez Joaquim Domingos de Almeida Neto accedió a sus peticiones en una resolución emitida esa mañana.
Sin perder tiempo, Flamengo y Fluminense llevaron el caso al STJ en Brasilia pocas horas después de conocerse ese nuevo revés, constituyendo su último recurso disponible. Sin embargo, la respuesta del tribunal superior, conocida este jueves, desestimó su apelación de manera definitiva y mantuvo la decisión del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.
Estos constantes cambios por vías judiciales generaron no solo incertidumbre en el ámbito deportivo, sino también plantearon dilemas logísticos para el certamen. Según trascendió, la Conmebol advirtió tanto a Vasco como a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que una nueva resolución adversa significaría el traslado del partido a Asunción, Paraguay. Esta no era una advertencia vacía: la organización sudamericana tenía ese plan considerado viable y también se llegó a evaluar la posibilidad de jugar el encuentro en Manaos, en otro estado brasileño, lejos de Río de Janeiro.
La decisión del STJ disipa todas estas alternativas. Con la sede confirmada, las entradas para el partido del martes ya se encuentran agotadas, anticipando un Maracaná lleno para una noche que promete ser electrizante. Vasco llega al encuentro con una ventaja obtenida en La Bombonera (1-0) y buscará asegurar su pase a la final en el escenario más emblemático del fútbol brasileño. Por su parte, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sabe que necesitará lograr una remontada en uno de los estadios más imponentes de Sudamérica para alcanzar la final ante el vencedor de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que en el partido de ida finalizó 3-0 a favor de los brasileños.
