La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ha manifestado una oposición tajante frente al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada promovido por el Ejecutivo. La iniciativa, que tiene a Federico Sturzenegger como principal arquitecto, busca desmantelar las restricciones vigentes para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales en Argentina. Según la exdiputada, este movimiento no representa una simple desregulación económica, sino una amenaza directa a la integridad del Estado nacional.
El núcleo de la argumentación de Carrió reside en una interpretación profunda de la jerarquía constitucional y la historia de la formación del Estado. Para la dirigente, la tierra no es una mercancía más sujeta al libre mercado, sino el sustento de la soberanía. Al criticar la posibilidad de que la Nación facilite la venta masiva de territorio, advirtió que ni el Gobierno central tiene facultades para disponer de los recursos provinciales de esa manera, ni las provincias —muchas de ellas creadas por ley— poseen una autonomía que les permita enajenar su suelo a potencias o empresas extranjeras sin comprometer el pacto federal, citando incluso el histórico Pacto de San José de Flores como un límite infranqueable.
Más allá de lo jurídico, Carrió personalizó su crítica hacia Sturzenegger, describiéndolo bajo la figura filosófica del “optimista idiota”. Con este concepto, la líder de la CC no buscó un insulto trivial, sino señalar una falla estructural en la gestión del funcionario: una desconexión peligrosa con la realidad. Según su visión, Sturzenegger diseña políticas bajo el supuesto de que el mundo está habitado exclusivamente por actores de buena fe, ignorando que la eliminación de límites territoriales puede ser aprovechada por intereses geopolíticos o económicos que no buscan el desarrollo del país, sino el control de sus recursos estratégicos.
