La votación se realizó a las 3:30 de la madrugada y terminó con 121 votos a favor de devolver el expediente a comisión, 117 en contra y cinco abstenciones. De esta manera, el proyecto deberá ser revisado por las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
La decisión permitió al oficialismo evitar una derrota definitiva, aunque despertó cuestionamientos de la oposición por la posibilidad de que el tratamiento quede postergado indefinidamente. Los legisladores que impulsaban medidas de alivio financiero reclamaron que se establezca un plazo para retomar la discusión.
En la votación, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, sectores de Argentina Federal y Producción y Trabajo. En contra se pronunciaron Unión por la Patria (UxP), diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros espacios.
Las cinco abstenciones correspondieron a legisladores cordobeses de Provincias Unidas alineados con el gobernador Martín Llaryora. Su postura resultó clave para el resultado y volvió a generar críticas opositoras, ya que se produjo en una votación similar a la realizada previamente sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El debate enfrentó dos propuestas con enfoques diferentes. El proyecto oficialista, denominado “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, se concentra en mejorar la información que reciben los usuarios sobre los créditos, prevenir fraudes digitales y promover la educación financiera. No contempla límites directos a las tasas de interés ni un régimen específico de refinanciación para quienes atraviesan situaciones críticas de endeudamiento.
En cambio, el dictamen alternativo presentado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone un régimen de regularización y alivio financiero. Entre sus principales medidas figura la declaración de una emergencia por 180 días y un sistema de refinanciación en al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora, siempre que la deuda no supere el equivalente a dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, calculadas en $3.265.010 según los valores mencionados durante el debate.
La iniciativa también establece que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor. La adhesión se realizaría a través del acreedor y, en caso de negativa, podría intervenir el Banco Central.
Otro de los puntos centrales es la regulación de las tasas de interés mediante un límite vinculado al Costo Financiero Total, con un margen sobre la tasa de referencia mayorista TAMAR. Además, el proyecto contempla la condonación de los intereses punitorios, mantiene la obligación de pagar el capital adeudado y establece restricciones para los intereses compensatorios. También incorpora medidas sobre portabilidad financiera, prácticas abusivas de cobranza y educación financiera.
Durante la sesión, la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos advirtió sobre la magnitud del problema y afirmó que más de seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones financieras. Según sostuvo, una parte de esos deudores ya se encuentra en las categorías de mayor riesgo crediticio.
Olmos defendió la propuesta opositora como una alternativa de esfuerzo compartido entre deudores y acreedores, y reclamó límites a las tasas de interés. Desde el PRO, la diputada Daiana Fernández Molero cuestionó el dictamen de minoría y planteó interrogantes sobre las consecuencias que tendría su eventual aprobación.
Con el regreso del expediente a comisión, el Congreso deberá volver a discutir qué herramientas pueden implementarse para enfrentar el endeudamiento de los hogares. Mientras el oficialismo prioriza la transparencia y la educación financiera, la oposición insiste en incorporar mecanismos de refinanciación, límites a los intereses y medidas concretas para quienes no pueden afrontar sus obligaciones.
