Fernando Gutiérrez Hermelo, entonces jefe de fotografía del diario que recibió el material, identificó los ejemplares exhibidos ante el tribunal. Sin embargo, durante el interrogatorio admitió que no había reparado en ciertas particularidades de su disposición y contenido. Al observar uno de los cuadernos, señaló: “Parece que lo desarmaron y armaron después”.
La defensa de Roberto Baratta, representada por el abogado Marcos Aldazábal, puso el foco en el cuaderno número 4. Las anotaciones comenzaban con fechas de mayo de 2010 y terminaban con registros de abril de 2009, una secuencia inversa a la esperada. Consultado sobre si había advertido ese detalle durante el registro fotográfico, Gutiérrez Hermelo respondió que no y luego reconoció: “Sí, está al revés”.
El fotógrafo tampoco recordó otra particularidad del cuaderno número 6, cuyas anotaciones comenzaban el 2 de junio de 2015 y concluían el 4 de septiembre de 2012, con varias páginas en blanco intercaladas. Aunque afirmó haber fotografiado todas las hojas, admitió que esa característica no le había llamado la atención.
Otro de los puntos discutidos fue el procedimiento utilizado para documentar los manuscritos. Gutiérrez Hermelo confirmó que las fotografías se tomaron sin la presencia de un escribano público ni una certificación notarial que dejara constancia del procedimiento. Según su relato, recibió un llamado de la redacción y se trasladó a la vivienda del periodista que había obtenido los cuadernos de una fuente anónima, donde los colocó en el suelo para fotografiarlos.
Ese relato difirió de la versión del periodista, quien había señalado que llevó los ejemplares a la redacción después de recibirlos. La discrepancia volvió a poner en discusión el recorrido del material antes de su entrega al fiscal Carlos Stornelli y las condiciones en que se documentó.
Gutiérrez Hermelo describió los cuadernos como deteriorados y afirmó estar “prácticamente seguro” de que eran los mismos que había fotografiado en 2019. Su identificación constituye un elemento presentado por la acusación, aunque durante la audiencia las defensas insistieron en las dudas que, a su criterio, persisten sobre la integridad y la trazabilidad de los originales.
Los cuestionamientos también abarcan las tachaduras, las correcciones y las palabras superpuestas detectadas en peritajes, así como la posibilidad de que algunos fragmentos hayan sido dictados o copiados. Estos aspectos forman parte de la controversia sobre la autenticidad de los registros y el alcance que pueden tener como prueba dentro del proceso.
Durante la audiencia, la fiscal Fabiana León realizó un interrogatorio breve, centrado en el cargo del testigo y su trabajo fotográfico. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, no formuló preguntas. La mayor parte del intercambio estuvo a cargo de las defensas, que aprovecharon la exhibición de los originales para señalar las irregularidades que consideran relevantes.
En otra parte de la jornada declaró Luis Vitullo, exdirector general de Administración del Ministerio de Planificación Federal. Consultado por la fiscalía sobre si había observado pagos destinados a la política durante su gestión, respondió: “No, que yo sepa no”.
Vitullo, quien conocía a Baratta desde la universidad, también describió aspectos de la administración estatal, las contrataciones y los procedimientos vinculados con los pagos de obra pública. Explicó que las reuniones entre funcionarios y empresarios que conocía se realizaban en oficinas del Ministerio de Economía, aunque aclaró que no podía asegurar si también se habían producido encuentros en otros lugares.
El juicio comprende a 86 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios. La investigación se originó a partir de las anotaciones atribuidas a Centeno, que presuntamente registraban entregas de sobornos. Durante el debate, las defensas buscan cuestionar tanto la autenticidad de los manuscritos como las circunstancias en que se obtuvieron las declaraciones de los imputados colaboradores.
La discusión sobre la conservación y el recorrido de los cuadernos sigue siendo uno de los ejes del proceso. El tribunal deberá evaluar los testimonios, los peritajes y el resto de las pruebas para determinar qué valor corresponde asignar a los documentos cuestionados.
