No obstante, en el ámbito oficial se recalca la confianza del Ejecutivo en que la Corte Suprema desestimará el caso, por lo cual, hacia fin de año y luego de un análisis de dos a tres meses, se podría conocer una resolución definitiva en EE. UU. Esta eventual decisión pondría fin a un extenso litigio sobre la expropiación de la petrolera nacional, que comenzara en 2015 y que implica una posible condena de 16 mil millones de dólares.
La percepción del Gobierno se alinea con los pronósticos realizados por Burford, que al presentar sus resultados trimestrales ante los accionistas reconoció que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Esta premisa se basa en el hecho de que la Corte norteamericana resuelve entre 70 y 100 casos por año, todos ellos de interés federal.
Sin embargo, en el Ejecutivo se adopta una postura cautelosa, dado que el proceso sigue abierto ante la posibilidad de un reclamo de Burford ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo inglés había indicado que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”. A su vez, destacó que en dicho tribunal, el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas contra Argentina se resolvieron a favor de los inversores.
Paralelamente, luego del fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, declaró que “la decisión del tribunal, que rechaza la solicitud de revisión del fallo por parte del pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo legal del Estado continúa ocupándose de otros litigios pendientes, como el caso del Cupón PBI en Londres, valorado en 1330 millones de euros. Además, el Gobierno espera la votación en el Congreso para avanzar con un acuerdo de 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor en relación al default de 2001, cuya discusión se realizará este jueves en el Senado.
