La sesión está prevista para las 12 y podría extenderse hasta la madrugada del jueves. Entre los principales puntos se encuentra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado, aunque llegó a la Cámara baja con modificaciones introducidas por la oposición peronista. Durante ese tratamiento se eliminaron dos apartados vinculados con la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de tierras rurales.
Uno de los ejes centrales de la discusión será la regulación de la propiedad rural y los límites a la extranjerización de tierras. El Gobierno pretende restablecer restricciones que establecen un máximo del 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de un tope de 1.000 hectáreas en zonas consideradas estratégicas, como áreas núcleo, espejos de agua y regiones fronterizas.
La discusión se produce luego de que la Corte Suprema revocara en septiembre un fallo de la Cámara Federal de La Plata relacionado con la derogación del artículo 154 de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023. El máximo tribunal aclaró que su resolución no implicaba un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión ni impedía que el Congreso debatiera el tema. En marzo de 2024, el Senado ya había rechazado el decreto y ahora la cuestión vuelve a estar bajo análisis legislativo.
El proyecto de propiedad privada también contempla modificaciones a las leyes de Expropiaciones y Desalojos. En el primer caso, el dictamen de mayoría establece que la indemnización por lucro cesante podrá alcanzar hasta el 30%, siempre que el perjuicio esté debidamente acreditado. Ese límite no figuraba en la versión original de la iniciativa.
En materia de desalojos, se propone habilitar a los jueces a ordenar la restitución inmediata de inmuebles presuntamente usurpados una vez transcurridas 72 horas desde la intimación para que se presente documentación que acredite la propiedad. Para los casos de morosidad en alquileres, en cambio, los inquilinos dispondrían de un plazo mínimo de 10 días desde la notificación para regularizar la deuda antes del inicio de una acción judicial.
El oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto, a partir de los acuerdos alcanzados con bloques como Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Otro de los asuntos centrales será la política de discapacidad. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza propone crear la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con el objetivo de convertir la normativa vigente en una ley de orden público y dejar atrás su carácter de emergencia.
La propuesta oficial se presenta como una alternativa a la iniciativa opositora que busca extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus disposiciones, contempla mantener la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el doble del salario mínimo, vital y móvil.
También establece la actualización automática de los aranceles de las prestaciones y fija garantías presupuestarias para el sistema. En ese sentido, la asignación de recursos del Ministerio de Salud no podría ser inferior a la del ejercicio fiscal anterior. Además, se prevé implementar auditorías periódicas mediante el cruce de información entre distintos organismos.
La agenda legislativa incluirá, a su vez, proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias. La propuesta del oficialismo se diferencia de las alternativas opositoras porque pone el foco en la educación financiera y la prevención del fraude digital, sin plantear una intervención estatal directa en las relaciones crediticias.
En paralelo, los diputados analizarán una iniciativa para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal. El proyecto contempla penas de hasta ocho años de prisión para determinadas conductas vinculadas con intrusiones en tierras y ataques contra el sistema agropecuario.
Por último, se tratará un dictamen unánime para crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud. La iniciativa apunta a mejorar el seguimiento de medicamentos de alto riesgo y surge como respuesta a la crisis sanitaria vinculada con el fentanilo registrada en 2025, que provocó numerosas muertes.
La sesión concentrará así una serie de debates que abarcan desde las reglas de propiedad y las políticas sociales hasta la seguridad rural y el control sanitario. El resultado dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener los acuerdos parlamentarios y de la estrategia de la oposición para reunir apoyos en los proyectos en los que busca introducir cambios.
