Von Wernich permanece detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El 23 de septiembre pasado, envió una nota al obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para solicitar su intervención ante la Justicia y gestionar el traslado a la cárcel porteña, donde está prevista una visita del pontífice el 11 de noviembre.
En su presentación, el excapellán de la Policía Bonaerense expresó su deseo de recibir la bendición del Papa, a la que describió como un “bálsamo de misericordia y paz espiritual”. El pedido circuló a través de la asociación Justicia y Concordia y el Foro Argentino de Defensa, organizaciones vinculadas a la defensa de personas condenadas o acusadas por delitos de lesa humanidad.
Ante la falta de avances en la intermediación solicitada, Von Wernich pidió que la defensa oficial remitiera su planteo directamente al tribunal. Sin embargo, la unidad fiscal que interviene en las causas por crímenes de lesa humanidad en La Plata se pronunció en contra de la solicitud.
El juez Claudio Ricardo Silvestri, a cargo de la ejecución de la condena, también rechazó el pedido. En su resolución, sostuvo que el sacerdote no colaboró con quienes debían examinarlo ni mostró disposición a mitigar el daño causado por los delitos por los que fue condenado.
El magistrado consideró que el planteo debía analizarse como una solicitud de salida extraordinaria, similar a las que se evalúan ante situaciones familiares graves, como una enfermedad o el fallecimiento de un allegado. Sin embargo, concluyó que no estaba debidamente fundamentado y que autorizar el traslado supondría una flexibilización de la ejecución de la pena.
“A mayor abundamiento, no debe soslayarse que Von Wernich se encuentra cumpliendo una condena firme impuesta por delitos de lesa humanidad, circunstancia que impone observar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción efectiva de graves violaciones a los derechos humanos”, escribió Silvestri.
El tribunal también descartó que la negativa afectara la libertad de conciencia o religiosa del sacerdote. Según el fallo, el derecho a profesar una religión debe estar garantizado en el lugar de detención, pero no obliga a las autoridades a autorizar traslados para participar de acontecimientos religiosos específicos. Además, señaló que Von Wernich no acreditó impedimentos concretos para practicar su fe en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El sacerdote está detenido desde septiembre de 2003. En octubre de 2007 fue condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como capellán de la Policía Bonaerense, bajo el mando de Ramón Camps.
Durante ese período, Von Wernich ingresaba en centros clandestinos de detención. Entre los hechos considerados en su condena se encuentra el engaño a siete prisioneros y sus familias, a quienes les prometieron que serían enviados al exterior, pero terminaron siendo asesinados durante un traslado. Algunos cuerpos fueron identificados en el cementerio de Avellaneda mediante el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Según el testimonio de un policía, otras víctimas habrían sido incineradas en el centro clandestino conocido como Puesto Vasco.
El pedido del sacerdote también apareció mencionado en una carta enviada por asociaciones que defienden a represores al nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, designado por León XIV en mayo pasado. El documento describe a Von Wernich como un excapellán anciano y detenido, pero no menciona los crímenes por los que recibió la condena.
La carta sostiene que un encuentro del Papa con alguno de los detenidos o una referencia pública a su situación podría contribuir a la reconciliación nacional. Entre las organizaciones y personas que impulsaron el planteo figuran Justicia y Concordia, Cecilia Pando, el abogado Guillermo Fanego, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), el Foro de Generales Retirados, Patria y Justicia, la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) y la Unión de Promociones, entre otras.
El mes pasado, Cecilia Pando y representantes de Justicia y Concordia se reunieron en el Ministerio de Justicia con el secretario del área, Santiago Viola. El encuentro se produjo diez días después de que la Corte Suprema ordenara al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo que podría facilitar el acceso al arresto domiciliario para algunos represores detenidos. El documento se encuentra bajo análisis de los jueces del máximo tribunal.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 73 represores presos. La mayoría está alojada en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde también cumple su condena Von Wernich. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal informa que en esa dependencia hay 58 personas detenidas.
