El planteo fue presentado por Martín Romeo, quien actúa en nombre propio y en representación de dos potenciales querellantes. En su apelación, cuestionó que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le permitiera expresar su posición frente al dictamen fiscal, pese a considerar que la legislación procesal le reconoce ese derecho. Además, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal asumió una postura favorable a los acusados, en lugar de evaluar los elementos de la causa con objetividad.
La resolución cuestionada dispuso el sobreseimiento de Milei al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura legal. La medida también benefició a su hermana, Karina Milei, y a otros imputados, entre ellos Mauricio Novelli y Camilo Rodríguez Blanco.
Romeo argumentó que el Código Procesal Penal Federal le permite solicitar la revisión de un sobreseimiento requerido por un fiscal, incluso si todavía no fue admitido formalmente como querellante. En ese sentido, remarcó que su situación procesal continúa en discusión y que no se le dio intervención antes de que se resolviera el pedido de desvinculación de los acusados.
El conflicto en torno a su participación en el expediente se remonta a una decisión adoptada en julio por Martínez de Giorgi, quien aceptó un planteo de la defensa de Novelli y dispuso excluirlo como querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado le había reconocido previamente esa condición. La exclusión fue confirmada por la Cámara Federal y luego la Cámara de Casación rechazó su recurso. Sin embargo, Romeo llevó el reclamo ante la Casación Penal, donde todavía está pendiente de resolución.
Con ese argumento, sostiene que su apartamiento no quedó firme y que conserva el derecho a intervenir frente al pedido fiscal de sobreseimiento. Por eso, solicitó que se anule el dictamen de Taiano y, como consecuencia, la resolución judicial. De manera subsidiaria, pidió que se revoquen los sobreseimientos y se ordene continuar con las medidas de investigación.
En su presentación, el inversor también cuestionó que se haya cerrado la causa sin completar diligencias que considera relevantes. Señaló que ninguno de los acusados fue convocado a prestar declaración indagatoria y que tampoco se citó a los testigos propuestos, entre ellos Diógenes Casares y Juan Carlos Pallarols. En este punto, su planteo coincide con otra apelación presentada por un inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, quien también cuestionó el alcance de la investigación.
Otro de los ejes del reclamo apunta a los análisis de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas, que, según Romeo, permanecieron inconclusos. Sostuvo que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) no contaba con herramientas técnicas bajo licencia y cuestionó que no se convocara a Demian Reidel ni a Santiago Caputo. También señaló que no se logró identificar a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token en los momentos previos a la publicación del contrato por parte de Milei.
La presentación incluyó, además, críticas al tratamiento de los informes forenses de los teléfonos secuestrados durante la investigación. Romeo cuestionó que el juez les restara importancia pese a que, según indicó, no se había demostrado la existencia de una filtración a los medios, como había afirmado en marzo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También objetó el criterio utilizado por Taiano para valorar los indicios. A su entender, el fiscal analizó los elementos por separado y de una manera favorable a los imputados, en lugar de considerar el conjunto de las comunicaciones, las transacciones y la documentación incorporada al expediente, que, según su planteo, podrían revelar conductas delictivas.
En ese marco, Romeo sostuvo que el dictamen fiscal no representa el resultado de una investigación agotada, sino una defensa de los acusados. También cuestionó que el juez aceptara esa evaluación sin un control efectivo sobre las medidas realizadas y planteó la cuestión federal para que el caso pueda llegar eventualmente a la Corte Suprema de Justicia.
El pedido de nulidad y la apelación buscan, en definitiva, que se revise la decisión que desvinculó a Milei y a los otros diez involucrados, mientras continúa pendiente la discusión sobre el derecho de Romeo a participar formalmente en el expediente.
